Ayer, en el mismo instante en el que centenares de personas rememoraban en Iruñea el 38 aniversario de la muerte de Germán Rodríguez a tiros de la Policía a la salida de la plaza de toros, PP y UPyD se quedaban solos en el Parlamento de Gasteiz arremetiendo contra el proyecto de Ley de Víctimas de la Violencia del Estado. PNV, EH Bildu y PSE tumbaron por amplia mayoría las enmiendas a la totalidad presentadas por ambos partidos, pese a que los de Idoia Mendia aseguraron compartir «muchos de los argumentos» defendidos en las enmiendas.

De esta forma, la tramitación de la ley (que es la prolongación de un decreto del Gobierno de Patxi López) sigue adelante en el Parlamento, donde ahora se debatirán las numerosas enmiendas presentadas por EH Bildu con el objetivo de mejorar el proyecto original. Durante las próximas dos semanas se verá si la intención es seguir adelante con una ley claramente necesaria pero insuficiente o si se aprovecha la oportunidad de reconocer y reparar íntegramente a las víctimas de la violencia del Estado. Al margen del más que cuestionable límite temporal que abarca la ley (de 1978 a 1999), será difícil hablar de un reconocimiento integral mientras los derechos de las víctimas del Estado se sigan situando, como lo están en el proyecto original, por debajo de las estipuladas en la “Ley de reconocimiento y reparación a las víctimas del terrorismo”. No se trata de insistir en un inútil y absurdo esfuerzo por comparar víctimas, sino de reconocerlas y repararlas a todas por igual.

En manos del PSE y, sobre todo, del PNV queda ahora mantener la ley en trámite como un pequeño paso necesario o, por el contrario, dar un salto cualitativo y fortalecer los cimientos de una convivencia que necesita un relato polifónico pero coherente sobre lo ocurrido en este país. Algo que pasa indefectiblemente por el igual reconocimiento y  reparación de todas las víctimas del conflicto.