Estos últimos años, el deterioro de la sanidad pública ha sido notorio en este país. No en vano, la cuestión está entre las principales preocupaciones de la ciudadanía y acaparó buena parte del debate de la última campaña electoral. Tras las elecciones, el gobierno presidido por Imanol Pradales puso en marcha un proceso que denominó Pacto de Salud y que tenía por objetivo alcanzar acuerdos amplios que permitieran revertir el declive de Osakidetza y garantizar el futuro del sistema público de salud. El debate ha contado con la participación de partidos políticos, sindicatos, agentes sociales, y también de la patronal, que no han conseguido llegar a un acuerdo general. A pesar de ello, ayer el Ejecutivo de Gasteiz decidió dar por finalizados los trabajos.

El consejero de Salud, Alberto Martínez, defendió la decisión del Ejecutivo asegurando que había acuerdo en la mayoría de las 24 líneas de trabajo discutidas. Sin embargo, solamente PNV, PSE y la patronal Confebask dieron el visto bueno al conjunto. El resto, EH Bildu, Sumar y todos los sindicatos –ELA no ha participado– se negaron a respaldar el documento. El principal desacuerdo radica en que las conclusiones no recogen el compromiso de abandonar las políticas privatizadoras. Bajo el eufemismo de colaboración público-privada se pretende mantener el actual esquema de concertación con empresas privadas de la sanidad pública que es, precisamente, una de las causas de su declive. Como señaló el portavoz de EH Bildu, Pello Otxandiano, ese punto es el «nudo gordiano» del Pacto de Salud, ya que el interés público y la búsqueda de beneficio privado son mutuamente excluyentes. La negativa a reducir la presencia privada proyecta una alargada y lúgubre sombra sobre el futuro de la sanidad pública.  

El cierre del proceso sin haber alcanzado un acuerdo sustancial en cuestiones clave genera dudas sobre la verdadera voluntad del actual ejecutivo de Lakua para afrontar los cambios necesarios que garanticen un sistema de salud público. En cualquier caso, nada ha terminado. Se abre una nueva etapa en la que el seguimiento institucional y la presión ciudadana serán imprescindibles para reforzar la sanidad pública.