El recibo de la luz subirá más de un 11% el próximo mes de enero, después de que la subasta eléctrica de ayer cerrara con un alza del 25,6%. Se trata de un incremento mayúsculo, que ha originado fuertes críticas por parte de grupos políticos y asociaciones de consumidores. De hecho, el impacto va a ser tan grande, prácticamente inasumible para muchas familias, que el Ministerio de Industria español ha anunciado una investigación para esclarecer si ha habido alguna «manipulación» en el trámite. Y es que el propio ministro del ramo, José Manuel Soria, había afirmado poco antes que la factura crecería un 2%.

 Es posible que a consecuencia de esa «investigación» la subida acabe siendo inferior, que el escándalo obligue a revisar los números. Aunque también es probable que no, pues en su relación con la Administración las grandes compañías eléctricas se sienten poderosas. Con razón, además, ya que durante años han nutrido sus consejos de administración con exmandatarios políticos de primer nivel. Nombres y apellidos de peso como Felipe González, José María Aznar, Angel Acebes, Elena Salgado y Pedro Solbes, entre otros, son un ejemplo de que la «puerta giratoria» ha funcionado como un ventilador, lo que explicaría la subordinación que los gobiernos de PSOE y PP han mantenido siempre respecto a ese sector. Así, tan indecente como esa subida del 11% es el 21% que la tarifa ha crecido desde el ejercicio pasado o el 83% de incremento en diez años.

En medio del revuelo, el portavoz del PP, Alfonso Alonso, hizo un alarde de cinismo al pedir que «se investigue hasta el final» qué es lo que está pasando en el sistema eléctrico. El exalcalde de Gasteiz sabe perfectamente qué ocurre, y no debería cometer la desfachatez de pensar que el resto no lo sabe. La falacia del déficit tarifario o el trato obsequioso sobre Garoña son ejemplos del poder fáctico que representa este sector, cuyas ganancias resplandecen con crisis o sin ella mientras la ciudadanía ve cómo su futuro es cada vez más oscuro.