La decisión de Jorge Aldekoa de dejar el cargo de jefe de la Ertzaintza por la sentencia del caso Cabacas es lógica, casi inevitable, lo cual no quiere decir que resulte una decisión habitual en estos lares ni que aparentemente estuviera en el guión. Dimitir es lo coherente porque, como apuntaba GARA este lunes, el tribunal ha aceptado su versión en la atribución de la culpa penal pero le ha señalado directamente tanto por el descontrol del operativo que él diseñó como por la negligente –si no algo mucho peor– falta de investigación posterior. Que Aldekoa hubiera seguido en el cargo con esa doble mochila solo hubiese prolongado la insensibilidad y prepotencia con que los gobiernos de Patxi López e Iñigo Urkullu han gestionado esta tragedia humana y esta crisis política.

La dimisión, con todo, resulta insuficiente. En primer lugar porque la actuación policial de aquella noche sigue sin tener una explicación clara: ¿fue un despropósito operativo o «se buscó una sarracina» como expuso ante el tribunal el paradójicamente único condenado? Y, más grave aún, porque también queda pendiente de aclaración si irregularidades posteriores como la falta de registro de las pelotas disparadas o la limpieza de las escopetas tuvieron como objetivo encubrir la autoría de la muerte. Es Jorge Aldekoa, entonces nagusi de la comisaría de Bilbo, quien mejor podría responder a ambas cuestiones. Pero tampoco es el único que tendrá esas respuestas.

La decisión de abandonar el cargo tampoco exime de responsabilidades al Gobierno Urkullu. Es más, deja en evidencia lo que ya fue clamor en 2014, hasta el punto de llevar 22.000 firmas al Parlamento de Gasteiz: Aldekoa nunca debió ser ascendido a jefe de la Ertzaintza. Por qué lo eligió la consejera merece también una explicación de boca de Estefanía Beltrán de Heredia. Aunque solo sea para disipar la hipótesis de que Aldekoa haya sido el elemento imprescindible para que la responsabilidad penal no bajara hacia abajo y la política no subiera hacia arriba.