La inesperada revelación de que Leire Rodríguez, la mujer atropellada el día 8 en Abusu (Bilbo), fue víctima de su expareja supone un nuevo mazazo en la lucha contra la violencia machista. Una noticia insoportable por la incapacidad de cortar de raíz esa lacra –lo que aboca a una pelea insistente y sostenida en el tiempo, larga y profunda– e insoportable también por sus propias características: una vida cercenada a los 34 años, un agresor también joven, dos hijos pequeños convertidos en víctimas mayores aún de este sinsentido... Un gran drama, no ya para una familia, sino para una sociedad entera.

De modo secundario, es pertinente también plantearse algunas preguntas sobre la gestión de este y otros casos. Aceptando que tanto el desarrollo de la investigación como la presunción de inocencia deben prevalecer, hay puntos en la actuación policial e institucional que no dejan de sorprender. Por ejemplo, en el nivel policial, ¿es correcto que el sospechoso principal de haber matado a Leire Rodríguez siguiera libre y la Ertzaintza se limitara a citarlo para revisar su vehículo? ¿Pudo ello traducirse en una fuga o en una destrucción de pruebas? ¿Por qué no se emplean las mismas garantías en otro tipo de casos, contra personas que no han cometido delitos así y en consecuencia no suponen tal riesgo social? ¿Significa todo esto que la violencia machista no es tratada como un asunto prioritario?

Similares dudas atañen al tratamiento informativo: ¿Por qué no se informó el mismo martes del intento de suicidio del hombre en Ollargan y la relación evidente con el crimen de Abusu? ¿Por qué se oculta el nombre del agresor tras señalarlo como tal, mientras sí se difunde en otros casos? ¿O por qué no se informó en su día de cómo se llamaba la mujer muerta a cuchilladas en Gasteiz en abril y cuáles eran sus circunstancias? ¿Facilita eso la sensibilización? ¿Y el diagnóstico? Preguntas pertinentes para una lucha que es de todos y todas, y que requeriría más transparencia y datos ciertos de lo que suele ser habitual.