1977/2024 , 28 de Abril

Martxelo Diaz
Aktualitateko erredaktorea / redactor de actualidad

Un jornalero andaluz muere durante una huelga de hambre

Rafael Hoyos Herrera fue enterrado en la localidad malagueña de Teba el 27 de abril de 1981 tras morir durante la huelga de hambre que se extendía por Andalucía para reclamar justicia y diginidad para los jornaleros.

Una protesta del SOC en la provincia de Sevilla.
Una protesta del SOC en la provincia de Sevilla. (SAT)

El 27 de abril de 1981 fue enterrado en la localidad malagueña de Teba Rafael Hoyos Herrera, de 50 años. Unas 5.000 personas asistieron al sepelio, más que el censo de la localidad. Falleció el día anterior en la iglesia del pueblo, durante una huelga de hambre en la que participaban 400 personas para denunciar que el dinero que se destinaba a las ayudas de los trabajadores del campo andaluz era insuficiente. La huelga de hambre fue impulsada por el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) y se extendió por varias zonas de Andalucía.

La información que publicaba 'Egin' destacaba que había varios huelguistas de hambre más que tuvieron que ser hospitalizados en centros sanitarios de Sevilla. A los hospitales se acercaron el parlamentario foral Iñaki Aldekoa y el diputado [miembro del Ejecutivo de la Diputación Foral navarra] Ángel García de Dios, ambos de Herri Batasuna, que también acudieron a las localidades de Marinaleda y Villamartín, los epicentros de la huelga.

Jon Idigoras y Joselu Cereceda, con jornaleros andaluces en septiembre de 1986. Detrás, aparece Txomin Ziluaga. (EGIN)

Las autoridades impidieron el encuentro de la delegación de la izquierda abertzale con Francisco Casero, huelguista del SOC hospitalizado. Únicamente les permitieron entregar una nota de solidaridad. Esta solidaridad, sin embargo, se extendió a los ayuntamientos de Euskal Herria, a los que HB llevó mociones de apoyo a los huelguistas andaluces.

El SOC se fundó en Antequera en 1976, acogiendo las luchas por la tierra en Andalucía que llevaban ya germinando varios años mediante comisiones de jornaleros a nivel de pueblos y comarcas, que eran el embrión de la organización campesina tras el franquismo.

De hecho, fue el primer sindicato legalizado en Andalucía. Consta con el número 1 en el Registro del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales. Su primer congreso se celebró en septiembre de 1977 en Morón de la Frontera y está considerado como el primer congreso del sindicalismo agrario andaluz desde 1936. A ese primer congreso acudieron delegaciones de la Central Unitaria de Trabajadores de Chile (en el punto de mira de la represión pinochetista), de la OLP (el referente de la lucha por la liberación de Palestina en esos momentos) y del Frente Polisario saharaui. En 2007 se integró en el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT).

Mientras en Andalucía prendía la huelga de hambre, Diamantino García, cura obrero y uno de los fundadores del SOC junto con Diego Cañamero y Juan Manuel Sánchez Gordillo, comparecía en Madrid para explicar las reivindicaciones de los jornaleros andaluces. Renunció a su sueldo como cura al ver que gran parte de la localidad de Los Corrales tenía que emigrar cada año a Nafarroa para la recogida del espárrago, dado el desempleo masivo y el latifundio que castigaban la tierra.

Diamantino García: «Medida pacífica de presión»

«La huelga de hambre es una medida pacífica de presión para denunciar una situación violenta de miseria con tres objetivos: la sensibilización de la opinión pública sobre el sufrimiento de los jornaleros andaluces, que el Gobierno y la Administración abandonen la política de alta corte y solucionen el problema del paro en el campo andaluz, y que fuerzas políticas y asociaciones pro-derechos humanos unan sus fuerzas para sacar de la desesperación a casi cien mil familias», explicó Diamantino.

«Nos conformaríamos con que el Gobierno hiciera una declaración formal de que va a reunirse con la Junta [de Andalucía] y los sindicatos y conocer a fondo el problema del paro y va a estudiar una serie de medidas», agregó el presidente del SOC.

Entre estas medidas que reclamaban se encontraba el mantenimiento y la creación de puestos de trabajo en el campo andaluz, la prohibición de arrancar olivos, el control con un decreto-ley de «la mecanización productiva y antisocial que no reduzca puestos de trabajo, la anticipación de la jubilación de los jornaleros, el aprovechamiento de 2.300 millones de metros cúbicos de aguas que se desperdician por falta de planificación y que convertirían en regadíos 45.000 hectáreas.

La Asociación pro-Derechos Humanos destacaba que «la situación de las 90.000 familias jornaleras andaluzas sin trabajo, sin ahorros y sin crédito en los comercios, es una injusticia irritante que requiere soluciones en el campo andaluz; los Fondos de Empleo Comunitario son un tratamiento antisocial e insuficiente del paro agrario andaluz porque provocan desmoralización al condenar a la inactividad».

43 años después, la lucha del campo andaluz sigue en pie. En Marinaleda, una de las localidades referenciales de este movimiento, viven bajo la amenaza de que la finca de El Humoso, perteneciente al Duque del Infantado y bajo control de las cooperativas tras duras luchas y ocupaciones en la década de 1990, sea vendida.