El Tribunal Constitucional (TC) ha admitido a trámite el recurso del Gobierno español contra la Ley de Vivienda de la CAV, que contempla la expropiación temporal de pisos a los bancos entre otras medidas y garantiza el derecho subjetivo a la vivienda, y la ha suspendido cautelarmente mientras decide «si es o no acorde» con la Constitución española.

El Gobierno presentó recurso de inconstitucionalidad contra la citada ley que, además de esa medida, prevé otras como la imposición de un canon a viviendas vacías y que reconoce el derecho subjetivo a contar con un hogar, que será exigible en los tribunales.

El Parlamento de Gasteiz aprobó en junio de 2015 la Ley de Vivienda a iniciativa del PSE y con el apoyo de EH Bildu y UPyD. Fue rechazada por el PP y el PNV.

En su recurso, el ejecutivo de Mariano Rajoy pidió que en el trámite de admisión se suspendiera provisionalmente la citada norma en tanto no se resuelve el fondo del asunto, como le permite hacerlo la Ley Orgánica del TC.

El alto tribunal ha dictado una providencia en la que admite a trámite el recurso y suspende la norma, lo cual no condiciona cuál será su resolución definitiva, sino que le da un plazo de cinco meses prorrogable en los que la ley citada no estará en vigor y durante los cuales podrá decidir sobre el asunto.

Lakua: «Visión centralista e imperial» del PP

El portavoz del Gobierno de Lakua, Josu Erkoreka, ha denunciado que la suspensión parcial de la Ley de Vivienda es fruto de la «obsesión» del gabinete de Mariano Rajoy por impugnar todas las leyes autonómicas que no encajan en su «visión centralista e imperial».

En declaraciones tras asistir a la asamblea de Eudel, ha recordado los numerosos recursos que a lo largo de la legislatura, y especialmente en los últimos meses y semanas, ha interpuesto el Ejecutivo español contra leyes o normativas aprobadas por las instituciones de la CAV y ha criticado que este modo de proceder es «especialmente grave» en la situación actual, dado que los recursos proceden de un Gobierno que está en funciones y que «pretende sustraerse a sus responsabilidades y al control» del Congreso.

Además, ha advertido de que la suspensión cautelar de la ley «perjudica los derechos y los intereses» de la sociedad vasca y tendrá un «efecto directo» en los ciudadanos, que no podrán acogerse a los «beneficios» recogidos en la parte del texto legal que deja de estar en vigor tras la decisión del TC.