Ese estudio, liderado por Paco Etxeberria, y el que está previsto en Nafarroa son «un primer paso en el acercamiento a la verdad al que instan no solo las instituciones internacionales, sino la ética y la responsabilidad» de quienes creen que «la tortura y los malos tratos son un ejercicio de violencia ilegitima y por tanto injustificable que nunca debió ocurrir y debe ser investigada en respuesta al derecho a la vedad de quienes la han padecido», ha dicho.

De esta forma ha respondido en el primer pleno de control al Gobierno de 2018 a la parlamentaria de EH Bildu Bakartxo Ruiz, quien le ha pedido una valoración sobre el contenido y las conclusiones del informe sobre la tortura realizado en la CAV y los pasos que se van a dar en Nafarroa al respecto.

El pasado mes de diciembre se publicó el informe del proyecto de investigación llevado a cabo por un equipo dirigido por el forense Paco Etxeberria en relación con los casos de torturas y malos tratos producidos en la CAV entre 1960-2014, en el que se consideran probados 4.113 casos de tortura, de los 292 expedientes corresponden a ciudadanos navarros.

En virtud de la resolución de convocatorias aprobada por Orden Foral del 12 de septiembre será el mismo equipo de la UPV el que tendrá la oportunidad de acometer ese estudio en Nafarroa.

Ollo no ha entrado a analizar el informe de la CAV, ya que, según ha dicho, no lo conoce en profundidad, por lo que se ha limitado a realizar una valoración política.

En ese sentido ha destacado la valía del equipo encargado del estudio, un grupo «altamente cualificado», interdisciplinar, integrado por 55 profesionales, que han contado con la colaboración de tres observadores internacionales, por lo que frente a quienes han tratado de «demonizarlo» ha remarcado que es «muy cualificado y solvente».

La consejera ha recordado que durante años organizaciones internacionales y organizaciones no gubernamentales han alertado sobre la existencia de torturas, unas denuncias que el informe «confirma», tras lo que ha recordado que la tortura en el Estado español ha motivado sentencias condenatorias en organismos internacionales.

Ollo ha señalado que el Gobierno navarro desde el primer momento ha hablado de vulneraciones de derechos humanos y de mirar críticamente al pasado sin olvidos ni desmemoria, de hablar de derechos de todas las personas, las víctimas del 36, las de ETA y las de la tortura, «cada una en su contexto victimológico».

Respecto al informe de Nafarroa ha comentado que se acaba de adjudicar, por lo que todavía no se ha realizado y tiene poco que aportar.

Ruiz ha sostenido que «ya era hora de arrojar luz en un tema donde ha primado el silencio, el mirar para otro lado», tras lo que ha valorado la voluntad del Gobierno navarro de «arrojar luz sobre este tema».

A la vista de que es el mismo equipo el que va hacer el trabajo en Nafarroa, ha opinado que hay «garantías suficientes de seriedad, trabajo científico y profesionalidad». Los denunciantes tienen derecho a la verdad y que se investiguen sus torturas y a la reparación, ha concluido.