El día que Pérez de los Cobos fue juzgado por torturas

Hoy declara en el juicio contra el independentismo catalán el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, encargado de la coordinación de las diferentes fuerzas policiales durante el 1 de octubre de 2017 en Catalunya. Sin embargo, es menos conocido, o frecuentemente olvidado, que el hermano del expresidente del Tribunal Constitucional, tiene en su currículum un oscuro paso por Euskal Herria.

@zalduariz|DONOSTIA|05/03/2019 12:55
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El coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos, en setiembre de 2017 en Barcelona. (Lluís GENE/AFP)

En los perfiles de la prensa española sobre Diego Pérez de los Cobos acostumbra a señalarse su paso por Euskal Herria como mérito en su currículum. La hemeroteca, sin embargo, recuerda que estuvo involucrado en la lucha contra ETA y el independentismo vasco, y que fue uno de los pocos guardias civiles juzgados por torturas en las últimas décadas, si bien resultó absuelto al no quedar «acreditado» que infligiera malos tratos a Kepa Urra en 1992.

Pero las torturas sufridas por Urra sí que quedaron acreditadas. De hecho, en el mismo caso, la Audiencia de Bilbo condenó a cuatro años, dos meses y un día de cárcel a tres guardias civiles, en una de las condenas por torturas más duras que se recuerdan en Euskal Herria.

En la sentencia, recogida por “Egin” el 11 de noviembre de 1997, se establece que Urra fue trasladado «hasta un lugar no identificado de monte descampado» donde «le desnudaron, le golpearon con un objeto no identificado y le arrastraron por el suelo». Horas después ingresó en el hospital de Basurto con policontusiones, rotura de fibras musculares con liberación de sustancias en sangre, inhibición psicomotora y amnesia.

El dictamen de la Audiencia también calificó de «sorprendente» la visita de dos guardias civiles al hospital de Basurto alegando «que querían comprobar que las medidas de seguridad eran las adecuadas». El tribunal recuerda que era un pabellón penitenciario y calificó de «inconveniente» que los agentes estuviesen presentes, pero no consideró acreditado que hubiesen maltratado a Urra en el mismo hospital, tal y como denunció el afectado. Estos dos guardias civiles eran el mencionado Pérez de los Cobos y Alejandro Hernández Mosquera.

Tres inusuales condenas

Los condenados por las torturas infligidas a Urra antes de ser ingresado fueron los guardias civiles José María de las Cuevas Carretero, Antonio Lozano García y Manuel Sánchez Corbí. Este último fue coronel de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hasta que Grande Marlaska lo destituyó el 3 de agosto del año pasado. Algo que no evitó que fuese condecorado con la Cruz de Plata del cuerpo el pasado mes de setiembre. De hecho, ya había sido previamente condecorado.

La hemeroteca es larga en el caso de Sánchez Corbí, que también recibió la máxima condecoración que entrega el Estado francés –la Legión de Honor– y que en su libro sobre el conflicto vasco copió párrafos enteros de la enciclopedia sobre ETA editada por Txalaparta.

Por su parte, De las Cuevas fue enviado en 2001 como representante de la Policía Judicial ante el Comité para la Prevención de la Tortura, dependiente de la Comisión Europea.

Los tres vieron su condena reducida a un año por el Tribunal Supremo. Posteriormente, el Gobierno de Aznar llegó al rescate e indultó a los tres condenados. Con todo, la de la Audiencia provincial fue una sentencia inédita y muy pocas veces repetida en el conflicto vasco.

Una derivada belga

La noticia de “Egin” tiene un último punto en el que es inevitable reparar, pues sus ecos llegan hasta el presente. En aquellos días, Bélgica denegó la extradición de Luis Moreno y Raquel García a España, donde se les acusaba de colaborar con ETA.

La abogada de la acusación en el juicio sobre las torturas a Kepa Urra, Jone Goirizelaia –compartió acusación con Kepa Landa– consideró entonces que la sentencia condenatoria «demuestra que el Gobierno belga actuó correctamente al negarse a extraditar a Luis Moreno y Raquel García ante la sospecha de que podían ser torturados y el Gobierno español ha vuelto a quedar en ridículo».

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