El dato consta en una respuesta del Gobierno español al diputado de EH Bildu Jon Iñarritu, en la que se desglosan por prisiones los 1.834 internos con este diagnóstico que figuran en el Programa de Atención Integral a Enfermos Mentales (PAIEM).

En torno al 4,2 % de los encarcelados en el conjunto del Estado ha sido valorado por los servicios médicos de las prisiones con al menos un trastorno de carácter grave, estima el Ejecutivo en la réplica por escrito.

El 38,7% tiene una patología dual; el 37,3%, un trastorno psicótico; el 29,7% de personalidad; el 16,7%, afectivo, y el 12,4% de otros tipos. Una suma de porcentajes que sobrepasa el 100% debido a que hay internos con más de un diagnóstico.

Alrededor del 16% de los enfermos mentales graves reside en los espacios sanitarios de las prisiones (no hay salas exclusivas para los enfermos mentales) «al persistir conductas de riesgo» y comportamientos que «interfieren significativamente con el funcionamiento diario», expone.

El resto habita en los módulos y lleva una vida normal, si bien necesitan «seguimiento y participación en las actividades terapéuticas» del Programa de Atención.

La distribución por centros penitenciarios sitúa a las siete cárceles de Madrid con 169 presos en lo más alto del registro del PAIEM, seguida de Valencia, con 162; Castelló, 138; Teixeiro (A Coruña), 104; Sevilla, 92, y Las Palmas, donde hay 77 internos.

En el caso de los presos y presas vascos sometidos a un régimen de excepcionalidad, el colectivo Jaiki Hadi ya ha manifestado reiteradamente, la última vez este mismo año, su preocupación por la extensión de estas enfermedades síquicas y por las consecuencias que traen para estas personas prácticas como el alejamiento o el aislamiento. Y ha recordado, como ejemplo más dramático reciente, el caso de Xabier Rey, fallecido en Puerto en 2017.

Libertad condicional, ¿por qué no?

Para la aplicación de la libertad condicional a los encarcelados con trastornos, el Gobierno señala que son los médicos quienes deben informar a la Junta de Tratamiento si procede aplicar esa medida.

«Cuando se trate de enfermos muy graves con padecimientos incurables se incluirá en el expediente el informe médico acreditativo de la enfermedad, así como de la gravedad e irreversibilidad de la misma», prosigue.

La respuesta no aclara por qué estos presos no son liberados cuando padecen una enfermedad grave. En su descargo, el Gobierno dice que el 26% de los reclusos discapacitados ingresan en prisión sin haber sido reconocidos como tales, una situación criticada en mayo por el secretario general de Prisiones, Ángel Luis Ortiz, durante un seminario del Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI).