En vísperas del G7, Irungo Harrera Sarea ha llamado la atención este viernes sobre la afección añadida que supondrá la cita de mandatarios para la atención a los migrantes que pasan por la zona, generalmente en tránsito.

«Ante el ‘control férreo’ que se está haciendo en las fronteras con Hendaia y la posibilidad de cierre durante la cumbre del G7 en Biarritz, desconocemos qué medidas se van a tomar con las personas que se queden bloqueadas. Desconocemos si se mantendrán las mismas medidas y criterios o habrá medidas excepcionales para esos días. Evidemente, no es un tema que se pueda aplazar a una futura reunión en setiembre. Una vez más las instituciones no ponen medidas», se queja IHS.

Este es el elemento más de actualidad, pero en la misma comparecencia han denunciado otro gran número de deficiencias al margen de la cumbre, señalando tanto a Cruz Roja –como entidad que gestiona el albergue Martindozenea– como a instituciones.

En relación a Cruz Roja, IHS le solicita una comunicación telefónica directa y fluida para colaborar en la atención: «Antes de que se queden en la calle aquellas personas que no cumplen los requisitos para la pernocta, que nos avisen para buscar soluciones alternativas». Añade que se incumple el acuerdo de informar a IHS de los motivos de expulsiones, de modo que «nos encontramos habitualmente con las personas que hemos dejado en Martindozenea expulsadas y vagando por las calles de Irun a altas horas de la madrugada». Y pide a CR que «la recepción de las personas migrantes sea amable y se lleve a cabo por parte de su personal y no de un guarda de seguridad, o al menos no únicamente de este».

Solo los que llegan por mar y frontera sur

En cuanto a los criterios de acceso al albergue, la red ciudadana muestra su preocupación por la obligación de firmar documentos para la pernocta («les genera desconfianza y la negativa a firmarlos los deja en la calle»); por la imposición de «demostrar que se ha entrado en el Estado español por mar y por la frontera sur para poder acceder a los dispositivos de la CAV» (algunos llegan de Italia, Grecia, o deportados desde Alemania, Suiza o Estado francés); y por la obligación de demostrar la mayoría de edad («se está dejando en la calle a menores»).

Tras referir todo ello, IHS concluye con un mensaje a las instituciones: «Seguiremos trabajando para que las personas migrantes tengan una acogida digna. Desde un principio nuestro compromiso ha sido firme y en el futuro también lo seguirá siendo».