Los detalles de la citada prueba han sido dados a conocer ante los medios por el alcalde, Enrique Maya, y el decano del citado colegio de ingenieros, Joaquín Salanueva.

El trabajo que realizará el colegio comenzará con una inspección de la pasarela y la toma de datos estructurales a partir de la realización de tres ensayos. Uno de ellos consistirá en una prueba de carga dinámica con la que se obtendría la frecuencia de vibración reales de la estructura.

Salanueva ha explicado que, en concreto, en la misma participarán tres personas de peso medio que se situarán a una distancia de un metro y que con esas personas moviéndose por la estructura, es suficiente para determinar cómo está la pasarela en cuestión de vibración. Es decir, se evitaría una prueba de carga estática, añadiendo peso para comprobar cómo la resiste, ya que no se quiere realizar un tipo de prueba que pueda «producir la ruina de la estructura».

Un segundo ensayo consistirá en determinar la tensión real de chapas y elementos estructurales mediante la técnica de ‘Holle Drilling’ y que consiste en realizar unos agujeros en las chapas para determinar la tensión de la estructura.

Por último, se llevará a cabo una inspección con videoscopio de los cajones interiores del nudo principal, así como de alguno del vano principal.

A partir de todos los datos obtenidos, se elaborará un informe técnico que recogerá la modernización de la pasarela, estudiando la interacción terreno-estructura, el análisis del comportamiento de la pasarela, la identificación de las patologías y origen de las mismas y la capacidad real de carga, según ha detallado Maya.

Todas estas pruebas se realizarán a lo largo de este mes y se espera contar con el correspondiente informa en enero de 2020. El coste de toda la operación asciende a 50.000 euros y, según ha explicado el alcalde Maya, busca «determinar la situación real de la pasarela con el objetivo de hacer lo que sea necesario para su reapertura y que la misma no cueste ni un euro al Ayuntamiento».

Ese informe posiblemente será de importancia en el proceso judicial existente en estos momentos alrededor de la pasarela, ya que el anterior equipo de gobierno del Consistorio reclamó a los agentes implicados en la elaboración de la infraestructura una compensación económica próxima a los 800.000 euros. Esa reclamación y la cuestión sobre el alcance de los daños y la extensión de la responsabilidad sigue su curso en los tribunales de justicia.

EH Bildu cuestiona su legalidad

Tras conocer la prueba de carga anunciada por Maya, EH Bildu ha hecho pública una nota en la que su grupo municipal en el Consistorio iruindarra anuncia que «revisará la legalidad de los planes del Tripartito de derechas para hacer una prueba de carga y un nuevo estudio sobre la pasarela del Labrit».

A juicio de la coalición soberanista, el anuncio hecho hoy por Maya puede «cuestionarse desde cuatro perspectivas diferentes: administrativa, ética, económica y procedimental».

La coalición soberanista afea «la soberbia con la que están actuando desde el tripartito de derechas» también en este tema ya que «están cuestionando la profesionalidad y el trabajo de empresas de reconocido prestigio a nivel estatal e internacional como son INTEMAC e IDEAM. Pero no sólo eso, están cuestionando también la profesionalidad y el prestigio de los propios técnicos municipales que construyeron un expediente que, administrativamente, es impecable. Esto, éticamente es, a nuestro juicio, muy grave y absolutamente reprobable».

Igualmente, considera que lo anunciado «implica un cuestionamiento abierto de los procedimientos administrativos ya puestos en marcha y concluidos desde los servicios técnicos del propio Ayuntamiento».

Desde el punto de vista administrativo «están perpetrando una actuación que raya la ilegalidad ya que supone revisar de facto un procedimiento de depuración de responsabilidades concluido, que está cerrado desde el mes de abril y que marcaba unas responsabilidades muy concretas para los diseñadores y autores de esta pasarela y que podría poner en riesgo la defensa judicial del Ayuntamiento frente a los recursos ya interpuestos por los proyectistas», recuerdan desde la coalición soberanista.

En tercer lugar destaca que «desde el punto de vista económico, invertir otros 50.000 euros en un tercer informe cuando hay dos previos que concluyen lo que concluyen denota una cosa clara: que para el tripartito de derechas es más importante gastar el dinero público en satisfacer las demandas de quienes entregaron una obra mal ejecutada que en cumplir fielmente lo que concluyen los servicios técnicos del Ayuntamiento y eso es gravísimo», argumenta EH Bildu.

Pero también considera que existen discrepancias desde el punto de vista procedimental, ya que «llevamos tres meses pidiendo información y preguntando sobre este tema y hemos tenido que enterarnos de esta medida por los medios de comunicación, mientras permanecen ocultos otros aspectos relevantes del expediente como el cobro de la cuantía determinada en el expediente de responsabilidad. No ha habido una comunicación previa a los grupos y es evidente que en un tema como este debería haberse informado previamente en comisión. Tampoco han presentado informes técnicos ni jurídicos que avalen esta actuación de fines confusos»

Y desde el punto de vista de la responsabilidad, apunta que «la decisión del tripartito de derechas es absolutamente cuestionable» para EH Bildu ya que «ejecutar una prueba de carga que ya fue rechazada en el informe de los especialistas por improcedente técnicamente en una estructura que sufre una ‘enfermedad degenerativa’ es primar los intereses económicos de quienes deberían haber pagado ya los desperfectos para poder levantar otra pasarela por encima de la seguridad de la ciudadanía».