A finales de octubre, los colectivos que conforman la Carta de los Derechos Sociales de Euskal Herria llevaron a cabo una comparecencia conjunta en el que adelantaban su intención de convocar una huelga general durante la segunda quincena de enero. «Es preciso dar un salto cualitativo en la lucha en favor de unas condiciones de trabajo, unas pensiones y una vida dignas», subrayaron entonces.

Un mes después, la mayoría sindical, asociaciones de pensionistas y colectivos estudiantiles, juveniles, ecologistas, feministas y contra la exclusión social, entre otros, han celebrado un nuevo encuentro en el que han fijado el 30 de enero, jueves, como fecha para este paro. En esta reunión han vuelto a constatar que «el reparto equitativo de la riqueza, la defensa del sistema público de pensiones y el reconocimiento de los derechos sociales no se consiguen con promesas; son necesarios hechos».

Entre estos hechos exigen «al Gobierno de Madrid, a los de Gasteiz e Iruñea, y a la patronal, que de inmediato se recupere el poder adquisitivo perdido de pensiones y salarios y su revalorización automática en función como mínimo del incremento del coste de la vida; derogar las reformas laborales de 2010 y 2012 y los aspectos regresivos de las reformas de pensiones de 2011 y 2013».

Los convocantes también defienden una «pensión mínima de 1.080 euros y un Salario Mínimo Interprofesional de 1.200 euros; acabar con la brecha de género en salarios y pensiones; jubilación anticipada sin penalizar con 40 años cotizados; una red de servicios socio sanitarios públicos, universales y gratuitos; que la cuantía de la Renta Garantizada y RGI sea del 100% del SMI, y normativa específica para complementar la pensión mínima a 1.080 euros».