Las idas y vueltas de la renta mínima que vienen negociando sectores del Gobierno de coalición comienzan a acabarse. La ayuda social estrella que impulsa Unidas Podemos -con reticencias en sectores del PSOE- empieza a pulir detalles con mayor claridad para ser aprobada antes de junio en el Consejo de Ministros. Una de las novedades más relevantes de las últimas horas es que el pago de ese ingreso básico «será por fuera» de los que ya vienen otorgando comunidades autónomas como la CAV y Nafarroa, según han adelantado a NAIZ fuentes de la vicepresidencia segunda.

«El ingreso mínimo estará fuera de lo que hacen las comunidades autónomas. Se pagará un suelo de 462 euros, que las comunidades complementan con las rentas de inserción o como se llame en cada región [RGI en la CAV]. Y serán los gobiernos autonómicos los que decidan el itinerario formativo relativo al empleo porque se ha tenido en cuenta que las políticas activas de empleo están transferidas a las comunidades autónomas», señalan desde el equipo económico del vicepresidente Pablo Iglesias.

Además, ha habido otras modificaciones con respecto al viejo borrador que estaban trabajando los ministerios de Seguridad Social y Trabajo y la vicepresidencia de Derechos Sociales: entre los requisitos no estará contemplada la posesión de una primera vivienda y tampoco será gestionado por los ayuntamientos, aunque no se descarta que ésto último pueda ocurrir, según sea conveniente en cada región. Pero la gestión del pago de la renta mínima estatal será del Ministerio de Seguridad Social.

Cada comunidad autónoma pagará aparte sus rentas de inserción o ingresos mínimos y será complementaria a esos 462 euros, que además no serán totales en algunos casos: si un trabajador tiene un sueldo inferior a esa cifra, se le otorgará el correspondiente para que alcance el suelo de 462 euros, además de los extras por hijos.

Los requisitos para la renta mínima del Estado serán entonces estar desempleado o tener un sueldo por debajo de 462 euros y no recibir ninguna otra ayuda estatal. «Esto no lo cobrarán quienes reciban el paro o estén en un ERTE o la ayuda especial para las kellys que fue aprobada recientemente. Es para las familias vulnerables que quedan fuera de todo el escudo social disponible», explican desde Vicepresidencia. Por ahora, se analiza que puedan recibirlo los mayores de 23 y menores de 65.

En el Estado español hay 1,1 millones de hogares con todos sus miembros en paro, y casi 600.000 que no tienen ningún tipo de ingreso, según la Encuesta de Población Activa. A este sector social es al que apunta la renta mínima.

A petición de grupos como EH Bildu

Una de las cuestiones que venía demorando la puesta en marcha de la renta básica estatal era justamente la existencia en casi todas las comunidades autónomas de una ayuda similar, aunque con diferentes ingresos y diferentes requisitos. A fines de abril pasado, fuentes del Gobierno habían informado a NAIZ de que uno de los factores que estaba ralentizando la aprobación del decreto era la articulación con los gobiernos autonómicos.

De hecho, algunos grupos parlamentarios pedían que la ayuda sea en paralelo, universal y permanente, sin superponerse a las que ya otorgaban en forma regional. En ese sentido se manifestó, por ejemplo, la portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, cuando este jueves en una conferencia telemática con fuerzas soberanistas reclamó a Moncloa que la renta básica fuera complementaria a los ingresos mínimos ya existentes en la CAV y Navarra.

La renta mínima circulaba por un laberinto político desde marzo, cuando Unidas Podemos buscó impulsarlo para «reforzar el escudo social» pero encontró reticencias en los ministerios de Economía y de Hacienda, liderados por las socialistas Nadia Calviño y María Jesús Montero, aunque con el apoyo –también con algunas reticencias– de José Luis Escrivá (Seguridad Social).

Días pasados, el vicepresidente Iglesias aseguró que «en los próximos días y antes de junio» el Gobierno aprobaría este decreto. Moncloa también tiene preparada otra medida de alto impacto: el próximo martes tratará en el Consejo de Ministros la Ley de Cambio Climático.