Lakua pide por escrito traer a 327 presos por la pandemia, tras el consenso amplio en el Congreso

El reciente acuerdo entre nueve fuerzas del Congreso (Unidas Podemos, PNV, EH Bildu...) para excarcelaciones y acercamientos ha tenido como consecuencia una petición oficial por escrito del Gobierno de Lakua al español para traer a cárceles vascas a todos los presos con arraigo en la CAV, sin excepciones. Su informe al parlamento los cifra exactamente en 327. «Hay una nueva realidad», remarca Jonan Fernández.

Ramón SOLA|26/05/2020
Urkullu
Saludo entre Etxerat y el lehendakari Urkullu, en Azpeitia en 2017. (Aritz LOIOLA | FOKU)

Los emplazamientos al Gobierno español para que atienda a la realidad de la pandemia y sus efectos sobre las personas presas y sus familiares no cesan. El pasado 11 de mayo los suscribió, de hecho, una fuerza de ese propio Ejecutivo, Unidas Podemos, incluida en el acuerdo entre nueve fuerzas del Congreso que planteaba acercamientos y excarcelaciones. Y ahora se le ha trasladado desde el Gobierno de Lakua, que incluye al PSOE, con alcance restringido a la CAV y concretada en que sean traídos a las cárceles más cercanas a su domicilio.

El secretario general de Derechos Humanos, Convivencia y Cooperación de Lakua, Jonan Fernández, ha confirmado este martes que han pedido por escrito al Ejecutivo Sánchez que proceda a traer la CAV a todos los presos vascos o con arraigo en la Comunidad Autónoma, que están distribuidos en diferentes centros penitenciarios del Estado, de los que algo menos de 200 son de EPPK. Para ello, destaca las razones sanitarias a consecuencia de la pandemia del coronavirus.

El manifiesto firmado el día 11 por EH Bildu, Unidas Podemos, ERC, JxCat, PNV, Más País, CUP, BNG y Compromís pedía poner en marcha medidas alternativas a la privación de libertad, como la excarcelación y el acercamiento de personas presas, la ampliación de comunicaciones entre internos y familiares, la realización de diagnósticos rápidos para evitar que el virus se propague en prisión y garantizar la atención médica adecuada a grupos vulnerables o de riesgo. «Es absolutamente prioritaria la adopción de medidas de excarcelación más exigentes para que las personas presas puedan permanecer en espacios más salubres y en condiciones de atención y cuidado más profilácticas y sanitariamente más adecuadas que las que la prisión les depara», sostienen en el texto.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi hoy, Fernández ha recordado que la situación provocada por la covid-19 «se va a prolongar durante los próximos meses, probablemente, a lo largo del próximo año y medio».

Jonan Fernández: «Salud pública»

«Estamos hablando de una nueva realidad. En estos momentos, hay alrededor de 330 presos vascos o con arraigo familiar en Euskadi diseminados por diferentes cárceles fuera de Euskadi y eso significa que, cada semana, más de 300 familias o allegados de esas personas encarceladas tienen que hacer viajes por toda la geografía del Estado para poder disfrutar de su derecho a la visita», ha indicado.

A su juicio, esto, «que ya sería cuestionable en un contexto normal, ahora, en un contexto de pandemia y post-pandemia, es totalmente desaconsejable desde el punto de vista de salud pública».

«Lo que hemos planteado al Gobierno español es que, en este contexto, en el que ya no estamos hablando solo del caso de los presos vinculados a ETA, sino de cualquier preso, lo lógico es que cada recluso esté en un centro penitenciario de la Comunidad Autónoma para evitar desplazamientos largos e innecesarios que acrecienta el riesgo de contagio y de diseminación de contactos por comunidades autónomas diferentes a lo largo de toda la geografía», ha añadido.

Por ello, Lakua ha pedido su traslado a las cárceles de Basauri, Martutene y Zaballa.

El informe: «Desaconsejable y evitable»

El Gobierno Urkullu ha remitido al Parlamento un breve informe sobre esta iniciativa. Indica que a finales de abril la informó de la situación al Gobierno español y que puso énfasis en su petición el 14 de mayo.

En la exposición de motivos se apunta que en plena pandemia, «la realidad del alejamiento obliga a las familias, personas allegadas y amigas de las personas presas a realizar desplazamientos largos que hacen comunicar semanalmente a personas que proceden de zonas geográficas alejadas. Estas personas comparten y utilizan en los centros penitenciarios recintos y espacios cerrados como zonas de espera, locutorios, ventanillas, zonas de paso, entradas y salidas».

«Todo ello configura un contexto absolutamente desaconsejable, desde el punto de vista de la salud pública, de la prevención de cualquier diseminación de posibles contagios y del control de contactos. No sólo es desaconsejable, es evitable y tiene soluciones razonables. Los riesgos que añade el alejamiento no sólo afectan a las familias de las personas presas que se desplazan. Afectan a toda la población relacionada con el ámbito penitenciario, y de modo muy especial a las personas profesionales y funcionarias de prisiones», continúa.

Se adjunta un informe de Juan José Aurrekoetxea, director de Salud Pública de Lakua, en el que se detallan las afecciones y situaciones de riesgo que provoca el alejamiento de estas 327  personas y se añade que es previsible un rebrote de la situación el próximo invierno, por lo que convive evitarlas desde ahora.

Foro Social Permanente: «Importante»

El Foro Social Permanente ha calificado de «importante» esta iniciativa del Gobierno de Gasteiz «para resolver la cuestión de las personas presas, terminando con el alejamiento, lo que facilitará su itinerario de reintegración. Es tiempo de soluciones y no de añadir más sufrimientos».

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