En sendos recursos, el Ministerio Público pide al Tribunal Supremo (TS) que revoque el régimen de semilibertad de Forcadell y Bassa, que ambas tienen desde el pasado mes de julio, al entender que pese a la elevada pena de cárcel impuesta han pasado «escasísimas» horas en prisión, puesto que a los pocos meses se les flexibilizó su régimen penitenciario con un 100.2 «amplísimo».

Para la Fiscalía, otorgar a Forcadell y Bassa el tercer grado cuando no han cumplido aún ni la cuarta parte de su condena –de 11 años y medio y 12 años, respectivamente–, «lejos de favorecer el cumplimiento de los fines de la pena, lo que hace es crear una total sensación de impunidad» tanto en ellas como en la sociedad.

El Ministerio Fiscal ha optado por prescindir del recurso de reforma ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria y ha impugnado el tercer grado de Bassa y Forcadell directamente ante el Supremo, al que pide que dé al caso un trato preferente.

El Supremo tiene sobre la mesa, desde hace más de dos meses, el recurso que la Fiscalía presentó contra el tercer grado de los otros nueve líderes independentistas presos en la cárcel Lledoners, avalado también por el juzgado aunque lo tienen suspendido desde el pasado 30 de julio, a la espera de que el alto tribunal resuelva.

Precisamente, los exconsellers Josep Rull y Jordi Turull, y el expresidente de la ANC Jordi Sànchez han reclamado al Supremo que resuelva pronto el recurso de la Fiscalía. El abogado Jordi Pina critica que Rull, Turull y Sànchez están «en una suerte de limbo penitenciario que condiciona gravemente la próxima revisión de grado» que deberán hacer en prisión, ya que están clasificados en tercer grado –aprobado por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria– pero la medida está suspendida cautelarmente desde hace unos tres meses.

«No deja de resultar paradójico teniendo en cuenta la exquisita rapidez con la que resuelve esta excelentísima Sala, salvo –claro está– la resolución sobre la progresión del penado a tercer grado, que parece encontrarse sumida en una suerte de permanente letargo procesal», reprocha Pina a los magistrados.

Segundo grado «teórico»

Respecto a Forcadell y Bassa, la Fiscalía sostiene en sus escritos que ambas fueron clasificadas inicialmente en segundo grado, pero de una forma «mas teórica que real», puesto que a las pocas semanas se les concedió un régimen flexible por el artículo 100.2 con un horario tan amplio que «equivalía a un tercer grado encubierto».

«Dicha actuación ha sido común para todos los condenados por la sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2019, que ha sido vaciada de contenido», por la temprana aplicación del 100.2 y la progresión al tercer grado, a los ocho meses del fallo.

En el caso de Forcadell, el Ministerio Público apunta a que, desde que fue condenada, «su estancia en prisión es más teórica que real, limitándose a la pernocta», sin que la progresión al tercer grado «en fases tan iniciales de cumplimiento de la pena» pueda utilizarse como «un modo de alterar la decisión condenatoria de la sentencia y su efectivo cumplimiento».

En cuanto a los fines de «reeducación» y «resocialización», la Fiscalía cree que tampoco están cumplidos, puesto que en el caso de Forcadell «no hay una auténtica asunción delictiva»: reconoce los hechos pero «hace su propia interpretación de los mismos», afirma la Fiscalía. Pone como ejemplo que Forcadell considera que desobedecer al Constitucional estaba justificado para que los diputados del Parlament pudieran expresarse.

La Fiscalía admite que Forcadell tiene un «nivel social y cultural» que favorece su «reinserción» social, pero razona que si solo pueden progresar a tercer grado los presos con esas posibilidades {se generaría una desigualdad insoportable e inconstitucional en el propio sistema que daría patente de corso a este tipo de delincuentes que no estén relacionados con la marginalidad social o económica».

En el caso de Bassa, argumenta que tampoco asume el «carácter delictivo» de los hechos por los que fue condenada, lo que hace «muy difícil, si no imposible, detectar la posibilidad de que se cumpla el fin de reeducación» previsto en la Constitución española.

El fiscal concluye que la exconsellera «mantiene todos los déficit que le llevaron a delinquir, falta de respeto a las leyes y a los tribunales de justicia, creencia de un mandato superior del Parlamento de Cataluña por encima del mandato constitucional y de las advertencias del Tribunal Constitucional y creencia de su capacidad para interpretar la voluntad popular».