Ya conocemos el fallo, solo el fallo, y los voceros de la derecha lo jalean regodeándose en llamar delincuente al ex fiscal general, que es de lo que se quejaba amargamente el denunciante: de que se le había convertido en el delincuente confeso por excelencia, algo que le colocaba en un terrible dilema: el suicidio o huir de su patria a la que tanto ama, pero a la que, presuntamente, defrauda a la hora de pagar impuestos por sus millonarios ingresos enmascarillados.El 20N siempre da para mucho, así que el Supremo decidió dar a conocer su decisión en tan significativo día, pero anunciando solo la parte dispositiva, no los argumentos jurídicos que le han llevado a la insólita decisión de condenar a tan alta autoridad como el fiscal general. Y, ahora, sus apologetas ponen a parir a quienes nos mostramos contrarios a tal decisión, afirmando que no se puede criticar una sentencia que no existe, argumento falaz donde los haya, porque la sentencia sí existe y es condenatoria, aunque los togados no se hayan dignado aún en explicar al populacho los motivos de su decisión. Así que la sentencia es criticable en tanto en cuanto es condenatoria. Todo es peculiar, aunque formalmente legal: tribunal dividido, cambio de ponente porque la inicialmente designada estaba por la absolución y el nombramiento de otro que, cosas del azar, recae en la persona del presidente del tribunal que no solo está por condenar, sino que se permite hacer chanzas sobre que ahora él es el nuevo redactor ante los asistentes a unos cursos organizados por el Colegio de Abogados de Madrid, que era una de las acusaciones personadas, y cuyo decano ha tenido una muy significada actuación como testigo de cargo, y en sus declaraciones públicas durante la vista, a favor de la tesis condenatoria. El nuevo ponente Martínez Arrieta es el mismo que en el caso Atristain decidió que, pese a que el Tribunal Europeo declaró que el juicio al que fue sometido no fue justo «en su conjunto», debía seguir cumpliendo la condena que le fue impuesta en ese juicio injusto. La razón de Estado.
