Las mutuas nacieron como entidades colaboradoras de la Seguridad Social, pero su evolución las ha convertido en un actor clave al servicio de las organizaciones empresariales. Son asociaciones de empresarios y su función teórica es gestionar las contingencias profesionales y comunes. Sin embargo, en la práctica actúan como brazo ejecutor del obsesivo deseo patronal de reducir al mínimo el absentismo. La relación entre mutuas y organizaciones como CEOE o Cepyme es estrecha. Las mutuas están controladas por empresarios y sus órganos directivos responden directamente a los intereses de la patronal. Ese vínculo explica por qué su prioridad no es tanto la salud del trabajador sino la productividad de la empresa. Cada día de baja representa un coste que es el enemigo a batir. De ahí su obsesión por controlar las bajas a toda costa. El alta médica se convierte en objetivo prioritario, incluso cuando el paciente no ha recuperado su capacidad laboral. Se multiplican las citaciones, los informes, las presiones al médico de cabecera y la medicalización del conflicto laboral. La mutua vigila, evalúa y presiona para que el trabajador regrese cuanto antes al tajo. Las mutuas compiten entre sí por captar empresas. Cuanto menos gasto por incapacidad temporal, más atractivas resultan. Se establece así un perverso incentivo: premiar a la mutua que más altas consigue, no a la que mejor rehabilita. El trabajador pasa de ser paciente a ser variable de ajuste en la cuenta de resultados empresarial. Es difícil negar su carácter de colaboradoras directas de la patronal, con la que comparten objetivos. Su discurso sobre prevención y salud laboral choca con una práctica diaria centrada en cuestionar diagnósticos y recortar prestaciones. Mientras este modelo siga vigente, las bajas serán vistas como fraude potencial y no como derecho. Y las mutuas seguirán siendo percibidas por los trabajadores como el departamento de Recursos Humanos de la patronal con bata blanca. Juegan su papel en eso de «El que pueda hacer, que haga».
