Aquí, en la calle, yo soy la autoridad». Me lo dijo un agente de la Ertzaintza hace un año y después me aplicó la Ley Mordaza. Lo mismo dijo Fraga Iribarne en 1976, cuando las fuerzas de seguridad asesinaron a cinco obreros en Gasteiz. «La calle es mía», declaró. Nunca hubo juicio y nadie cuestionó sus palabras, ni siquiera la «democracia» que también llegó después. Su idea ha subsistido como un dogma de seguridad y ha convertido a los policías de todos los colores en seres intocables, en autoridades arbitrarias, peones armados y necesarios para mantener una represión «estable», no llamativa, que asegure el orden del sistema. Tienen razón quienes sostienen que la Ley de Seguridad Ciudadana se promulgó sobre todo para defender a la Policía del descontento social; para blindarla en sus maneras de matonismo uniformado y protegerla frente a las denuncias de víctimas policiales que con la ley pasaron a ser ciudadanas de perfil conflictivo, agresores y desobedientes irreverentes, poco merecedores de respeto y derechos cívicos. Entre «la calle es mía» de Fraga y ese «en la calle, la autoridad soy yo» existe un parecido ideológico inquietante; un sabor de ultraderecha que, con el permiso de la Ley Mordaza, avanza y campea a sus anchas entre los guardianes más devotos del «oasis vasco».