Comenzó mayo, y otra vez nos despertamos contando jóvenes muertos por motivos no naturales. Esta vez, en la cárcel de Basauri. Fue encarcelado hacía una semana a sabiendas de que su enfermedad mental tenía alto riesgo de suicidio. Que sepamos, ya son seis las personas fallecidas en las «nuevas cárceles vascas», la mayoría jóvenes con patología dual (drogodependencia y enfermedad mental) y muertos en circunstancias no aclaradas.

La respuesta del Gobierno Vasco, después de casi 3 años de competencia penitenciaria, ha sido vender a la opinión pública su flamante e inexistente «nuevo modelo penitenciario vasco». La respuesta de la Consejería de Justicia fue ya en 2023 que estas muertes están «dentro de los parámetros con los que trabaja el personal penitenciario sanitario». Continúa con una política publicitaria anunciando programas asistenciales que concede a ONG de su órbita para blanquear el negro destino de una población encarcelada abandonada.

En ningún caso la respuesta ha sido la de potenciar medidas de suspensión condicional de la condena, o de sustitución de la misma por el ingreso en programas extracarcelarios para jóvenes toxicómanos y/o con enfermedad mental. O la de crear con urgencia centros sociosanitarios de ejecución penal para jóvenes con patologías duales. O la de desplegar servicios de prevención y tratamiento de la agudización de la enfermedad mental que provoca el encierro. El Ejecutivo vasco, con el apoyo de la mayoría de los partidos que conforman su Parlamento, lo que está haciendo es reproducir el mismo modelo estatal fundamentado en la justicia vengativa, en el encierro y en el castigo, porque es en lo único que creen y les renta. Lo demás son cortinas de humo para intoxicarnos.

¿Si hubiera muerto un funcionario en el ejercicio de sus funciones, también hubieran dicho que entra «dentro de los parámetros con los que trabaja en personal penitenciario»? ¿Dónde están los sindicatos y asociaciones de prisiones cuando se producen las muertes de personas presas?