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¿A qué juega el Gobierno?

La fiscalía de la Audiencia Nacional española se toma su tiempo y dice que no elaborará un informe sobre la libertad condicional de Iosu Uribetxeberria hasta dentro de "10 ó 15 días". Aprovecha para sembrar la duda hacia los informes médicos remitidos al tribunal de excepción asegurando que "no los firma nadie". Minutos más tarde, Prisiones desdice lo anteriormente afirmado y afirma que el documento "llegó por los cauces oficiales", comprometiéndose a enviar la información solicitada por el Ministerio Público dentro del expendiente de libertad condicional que llegará pronto a la Audiencia Nacional española. Una y otra institución se pasan la pelota y, mientras tanto, el preso político vasco cumple su decimotercera jornada en huelga de hambre.

Ante dimes y diretes, anuncios y desmentidos y versiones contradictorias, uno se plantea: ¿a qué está jugando el Gobierno?

La Fiscalía es tan parte del Ejecutivo como quien dirige la política carcelaria. En este caso, los fiscales dependen del Ministerio de Justicia. Instituciones Penitenciarias, del de Interior. Pero ambos son parte de una misma administración. Encima, con el agravante de que, al menos en la cuestión vasca, los gabinetes que dirigen Jorge Fernández Díaz y Alberto Ruiz Gallardón (al igual que sus antecesores) han colaborado estrechísimamente, mucho más que otros departamentos. Nadie en su sano juicio puede comprender que la mano izquierda avale un informe y este mismo documento sea desacreditado por su extremidad derecha. 

Cierto es que en el caso de Uribetxebarria, como en muchos otros, se supone que el juez de vigilancia penitenciaria es quien tiene la última palabra. Pero no podrá pronunciarse hasta que el ministerio público, esto es, el representante del Gobierno, elabore su calificación. Que es la que se retrasa por no reconocer los informes médicos avalados tanto por Prisiones como por la Junta de Tratamiento de la cárcel de Zaballa.

En medio de esta ceremonia de la dilación solo queda una cosa clara: la pelota sigue en manos del Ejecutivo español. Y este, por el momento, mantiene la decisión política de alargar la crueldad.

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