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Las medias verdades que Rajoy deberá de aclarar a la AVT

Los eufemismos y las medias verdades forman parte de la estrategia comunicativa desarrollada por Mariano Rajoy y su Gobierno desde que llegaron a Moncloa. Y así, con ese estilo que busca visualizar un mensaje sabiendo que la realidad va por otros derroteros, se presentaron el lunes sus ministros, Jorge Fernández Díaz y Alberto Gallardón, para valorar la sentencia de Estrasburgo sobre la «doctrina Parot». Cariacontecidos, vendiendo un lenguaje belicista que trataba de esconder que el alargamiento artificial de las condenas había terminado su recorrido, ambos se parapetaron tras la Audiencia Nacional, trataron de ganar tiempo y buscaron minimizar el impacto del fallo en una derecha española donde los sectores más ultras han ganado espacio a golpe de licencia de TDT y gritos, muchos gritos. Ahora, le tocará al propio Mariano Rajoy explicar a grupos como la AVT, convertidos en ariete de la extrema derecha, qué es lo que ocurrirá a partir de ahora.

Para ello, habrá algún momento en el que tenga que asumir que la idea de analizar «caso a caso», junto al parapeto de los tribunales y los juegos retóricos forman parte de un ensamblaje que solo busca eludir lo que el Gobierno sí que podría hacer. Sobre todo, en clave de responsabilidad.

- La primera cuestión, la de los tribunales, no solo es de perogrullo, sino que evidencia el concepto de democracia que se gastan los altos cargos del Gobierno de Mariano Rajoy. En toda sociedad que se rige por la separación de poderes, es obvio que las decisiones sobre asuntos judiciales las adoptan los togados y no el Ejecutivo. Esto se aprende en bachillerato (a la espera de ver qué currículum pretende imponer José Ignacio Wert en su elitista Lomce). Claro, que esta lógica desaparece cuando todo un ministro como Fernández Díaz apelaba a la «ingeniería jurídica» como alternativa para saltarse el dictamen europeo. Una declaración de intenciones en la línea de la «construcción de imputaciones» que popularizó Juan Fernando López Aguilar, titular de Justicia con el Gobierno del PSOE.

- La idea del «caso a caso» constituye también otra media verdad que busca neutralizar la idea de las «excarcelaciones en masa». Lo que parece querer decir es que en cada circunstancia personal se valorará si procede, o no, la aplicación de la sentencia. Sin embargo, esto no es así. En el derecho penal, las decisiones son individualizadas, por lo que sí que es cierto que los jueces tendrán que evaluar cada recurso. Sin embargo, ese estudio vendrá condicionado por la jurisprudencia sentada por la Gran Sala del TEDH. Es decir, que lo que ha servido para Inés del Río servirá también para el resto, porque se convierte en norma, aunque técnicamente se miren las alegaciones una por una. El auto del pleno de la Audiencia Nacional no deja lugar a la duda: el Derecho español está obligado a acatar. Además, no parece que los togados estén dispuestos a someterse a una penosa peregrinación de recursos a Europa con sus consiguientes varapalos contra España. Tampoco sería inteligente por parte del Gobierno, cuyo margen de maniobra (formal) se limita a la Fiscalía. El viernes, la sala de lo penal analizará dos nuevos recursos. Y es muy probable que la sentencia europea tenga una proyección general. Aunque se disfrace de otra cosa. 

- Otro de los mantras de nuevo cuño es que la sentencia «no tumba la doctrina, sino solo su aplicación retroactiva». Una fórmula que retuerce el lenguaje pero que, en realidad, no dice nada. Precisamente, la retroactividad es la base de la doctrina 197/2006. Para otros casos, los sucesivos códigos penales ya eliminaron las redenciones por trabajos en prisión y establecieron los máximos de 30 y 40 años de cumplimiento íntegro, lo que no haría necesario estirar la normativa para alargar las condenas.

En lugar de hacer pedagogía, los mensajes contradictorios, unidos a la belicosidad digna del Cid Campeador no hacen sino añadir leña al fuego de sus sectores más ultras. Porque los alimenta y porque les genera frustraciones. Unos sectores que, en los últimos días, han incrementado el nivel de sus amenazas y han cargado contra todos, incluso contra el propio PP, que es quien les hizo engordar. Este es un problema añadido para la sociedad vasca que ha respondido de forma serena y en la que incluso los sectores que más tenían que celebrar han hecho suya la lógica de que la sentencia debe traer un escenario sin vencedores ni vencidos. Sin embargo, también lo es para el Gobierno español, que ha puesto en manos de un lobby ultra lo que debería de ser una política de Estado. Con el agravante de que las declaraciones para la galería serán progresivamente desmentidas por los hechos.

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