Nafarroa siempre aparece en los medios españoles relacionada con dos conceptos: su «venta» a «los vascos» y la corrupción generalizada, que afecta a todos y cada uno de los gobiernos de Iruñea desde los años 90, siempre en manos de unionistas. Siguiendo esta lógica, uno llega fácilmente a la conclusión de que quienes denunciaban la posible liquidación de Navarra «como comunidad diferenciada» han terminado por convertirla en un saldo, tremendamente ventajoso para sus bolsillos. Desde las cuentas en Suiza de Javier Otano (PSN) hasta el saqueo de Caja Navarra por parte de los ejecutivos de Miguel Sanz y Yolanda Barcina (UPN), trincar a manos llenas no ha resultado un problema siempre y cuando el delito se cometiese en castellano. En el momento en el que ha sido necesario, Ferraz se revela como el más fiel aliado de la derecha española. Así que los dos, tanto monta monta tanto, son corresponsables de un régimen putrefacto. Una realidad que no interesa al otro lado del Ebro. Aquí, ante la insostenible situación del gabinete de Barcina, los gritos de la clase política y periodística española, escandalizados ante la participación de un grupo parlamentario como Bildu en un trámite parlamentario como la moción de censura, regresan para recordarnos que eso de que «Navarra será lo que quieran los navarros» solo tenía sentido en el momento en el que nuestras aspiraciones coincidían con el plan establecido desde Madrid.
Shakespeare dijo que «Navarra será el asombro del mundo». Parece que el concepto nos gustó porque, por el momento, somos los navarros quienes mantenemos el patrimonio exclusivo de ese asombro ante el despropósito en casa y la más que distorsionada versión española del cortijo foral. En primer lugar, asombrados por comprobar hasta dónde está dispuesta Yolanda Barcina a sostener un Gobierno carcomido por la corrupción. En poco más de media legislatura ha conseguido malvender la CAN, haciéndola desaparecer como «entidad diferenciada» y diluyéndola en la Caixa, despojando así a Nafarroa de una herramienta vital a la hora de impulsar políticas económicas. También tuvo que deshacerse de su consejero, Jesús Pejenaute, después de que este blanquease 180.000 euros en billetes de 500. Luego, el Tribunal Supremo español alargó el capote de San Fermín y, cuando Iruñea todavía se recuperaba de la resaca festiva, se sacó de la manga un esperpéntico auto para exculpar a la todavía presidenta del cobro de dietas irregulares sin ni siquiera interrogarle. Ahora, la sospecha apunta a otra línea de flotación, la Hacienda navarra, en la que su consejera, Lourdes Goicoechea, habría cometido todo tipo de desmanes.
La capacidad de asombro navarra no termina ahí. En medio del fango, chapoteando, aparece Roberto Jiménez, vicepresidente con Barcina hasta antesdeayer, y se presenta a sí mismo como salvador de un despropósito del que él es corresponsable por acción y omisión. Sabe Jiménez que no forzar la marcha de la burgalesa pondría al PSN en el camino de la irrelevancia. Aunque eso mismo se dijo después del «agostazo» de 2007, cuando la bandera española se antepuso a la demanda de cambio, y Jiménez se mantiene desde entonces en un cómodo suelo que no ha logrado remontar desde que sus antecesores metieron la mano en los fondos reservados.
En este contexto, los 15 días de propina con los que el PSN ha agasajado al Gobierno de Iruñea solo sirven para el trabajo entre bambalinas y los acuerdos bajo manga que poco tendrán que ver con el interés de los navarros. Como ocurre siempre en las grandes ocasiones, estos solo llegan previo pago de un Alvia de ida y vuelta a la capital del imperio. Habrá que ver hasta dónde exprime Barcina su capacidad de moverse en la corte y salvar los muebles, bien sea con UPN o mediante sus buenas relaciones con el PP. También, las presiones que pueda ejercer el aparato de Ferraz, con un Alfredo Pérez Rubalcaba poco amigo de la democracia. Habrán caido en la cuenta de que ninguno de estos condicionantes tiene relación alguna con lo que preocupa a la ciudadanía navarra. Ya lo ha dejado claro Jorge Fernández Díaz: «se trata de una cuestión estratégica para España». Para Madrid, el problema de los navarros es que voten en contra de los intereses del Estado, lo cual termina convirtiendo a la propia democracia en un contratiempo. De este modo, que Bildu apoye la moción de censura a Barcina merece mayor atención que el saqueo sistemático. Prefieren una Nafarroa corrupta que cualquier opción que se les pueda ir de las manos.