Ha declarado el Alto comisionado francés en Nueva Caledonia Louis Leblanc que “restablecerá el orden republicano cueste lo que cueste” tras las revueltas provocadas por el anuncio, hace justo una semana, de una propuesta de ley que prevé transformar el censo electoral en el archipiélago permitiendo el voto a los foráneos, o sea, principalmente a los llegados de la metrópoli que ya son mayoría en este archipiélago de Oceanía donde sigue ondeando bandera francesa, pero que permanece desde 1948 en la lista de territorios no autónomos de la ONU, es decir, aquellos que no han sido aún descolonizados. En 1998, tras los acuerdos de Numea, París concedió a los habitantes la posibilidad de organizar referendos de independencia, pero la minoría autóctona kanaka, que perdió el primero y boicoteó el segundo, es consciente de que les será imposible acceder a la soberanía si los nuevos residentes, militares, funcionarios o simplemente trabajadores de la importante industria del níquel, se suman a la bolsa de votantes unionistas. Por ello protestan. Por ello, y porque todavía hoy día la pobreza y la miseria tienen piel oscura y hablan kanako, mientras que la riqueza y el éxito social son de color blanco y lengua francesa, esa con la que el Alto Comisionado amenaza, situando con sus palabras a Francia en las antípodas de la democracia y del derecho internacional.
