Con media Franca revuelta por la gestión del Covid y sobre todo por la imposición del pase sanitario, Emmanuel Macron ha viajado a la Polinesia justo 25 años después de que la República, patria incontestable de los Derechos Humanos, realizara allí la última de sus pruebas atómicas en la búsqueda de lo que irónicamente el ejército francés llegó a denominar «la bomba limpia». Con Mururoa en la retina de la memoria y con cerca de 200 explosiones en atolones de este archipiélago del Pacífico, se cuentan por miles los habitantes condenados a la radioactividad y a unas enfermedades para cuyo tratamiento se han invertido 670 millones de euros, una cantidad que la Seguridad Social francesa no ha abonado aún, ya que significaría reconocer el daño causado.

Esta historia ha estado siempre a miles de kilómetros de distancia de las preocupaciones del francés medio, indignado ahora porque le impongan una vacuna que, de acuerdo, la abandera un gobierno autoritario e incompetente, pero que desde la ciencia es una de las pocas maneras eficientes de hacer frente colectivamente a un virus del que se está sirviendo el neoliberalismo para coartar nuestras libertades. Esto no es un ensayo. Está pasando. Y el pase sanitario es una política discutible, pero la ciencia no. Ni aquí ni en la Polinesia.