La incontestable victoria de Benjamin Netanyahu en las elecciones internas en el Likud allana políticamente su candidatura a las terceras elecciones en Israel en menos de un año. Y remarco lo de políticamente, porque la guillotina judicial sigue amenazando el futuro de un primer ministro israelí imputado por tres escándalos de corrupción y que necesita por todos los medios seguir siéndolo para no perder la inmunidad y acabar en prisión.

Su triunfo en las primarias tampoco presagia que los comicios del 2 de marzo vayan a acabar con el bloqueo político provocado por el eterno empate técnico entre el sionista y ultraderechista Netanyahu y el no menos sionista pero centrista Benny Gantz.

El bloqueo tras las elecciones de abril y de setiembre se explica por la imposibilidad de los dos bloques para lograr los 61 escaños que garantizan la mayoría absoluta y por la resistencia del tercero en discordia, el candidato de los colonos judíos Avigdor Lieberman, a optar por uno u otro y deshacer el entuerto.

El portavoz de los ashkenazíes que llegaron a Israel en pleno derrumbe del bloque soviético rechaza tanto apoyar a un gobierno de Likud en coalición con los ultraortodoxos –que exigen como contrapartidas mantener sus exenciones en el servicio militar y otros privilegios religiosos, fiscales y educativos– como a un Ejecutivo de la coalición centrista blanco y azul que necesitaría del voto de algunos diputados árabes y de la abstención del resto de la bancada palestina.

Pero, más allá de aritméticas parlamentarias, el impass político en Israel revela la crisis existencial del Estado sionista. De un Estado a la deriva y atenazado por la opción de devenir una teocracia judía (tal y como pretenden los aliados ultraortodoxos con los que flirtea Netanyahu) o por el mantenimiento de un sionismo laico, una suerte de nacionalismo judío de corte étnico.

Ambas opciones se cruzan en no pocos momentos. Pero en lo que coinciden ambas es en despreciar a la población originaria del territorio: a los palestinos.