Reducir la obsolescencia

La ley del derecho a reparar de la Unión Europea (Directiva 2024/1799), ya vigente desde agosto, obliga a los fabricantes a realizar las reparaciones necesarias “en un plazo razonable”, con el objetivo de alentar la opción de la reparación, incluso cuando la garantía legal de tres años ya haya expirado.

Esta ley nace para asegurar que, cuando se averíen dispositivos como televisores, lavadoras o teléfonos móviles, etc., el o la consumidora pueda exigir la reparación del aparato en lugar de su reemplazo. Y esto ha venido siendo muy común cuando, agotada la garantía, se recomendaba «tirar y comprar nuevo antes que pagar X por su reparación». Pues bien, la norma obliga a que los fabricantes ofrezcan la reparación de sus productos siempre que sea técnicamente posible y, si se opta por la reparación, la garantía del producto se deberá ampliar por 12 meses sobre el bien reparado. Además, quienes opten por la reparación tendrán derecho a recibir un dispositivo de sustitución prestado mientras se arregla el de su propiedad o a elegir una unidad reacondicionada como alternativa.

DOS AÑOS DESPUÉS

Así las cosas, aunque hayamos tenido que esperar desde el año 2024, dado el amplio plazo que se daba a los Estados miembros europeos para incorporar la legislación, el BOE estatal ya ha hecho oficial su aplicación. En la práctica, para los consumidores se acaba con impedir la reparación mediante cláusulas contractuales, software o hardware, salvo cuestiones de seguridad o protección de propiedad intelectual. Esto significa reducir la obsolescencia y los residuos electrónicos, ya que se dispondrá de más opciones para reparar, una mayor transparencia de precios y plazos de reparación, mejor acceso a piezas y garantías más favorables.