Hay pistas sobre las posibilidades de seguimiento de los pactos incumplidos. Recuerdo que hace muchos años Lluís Llach demandó judicialmente a Felipe González porque se consideraba engañado y le acusaba de fraude electoral al meterse en la OTAN. Pero las urgencias judiciales son siempre motivo de sospecha fundada. ¿Cómo es posible que intervenga la fiscalía para aclarar qué sucedió en Andoain para que un concejal del PNV cambiase el voto prometido por otros al PSE? Si la intervención e investigación de las decisiones políticas de los electos, en el sentido que sea, es legal, ¿no se debería llamar a esto un Estado totalitario, con absoluta falta de libertad política, de expresión y decisión?

Lo que tengo que investigar por mi cuenta es si esta investigación judicial se hace por lo penal, lo criminal, lo político o lo que parecería más claro, lo mercantil. Si hay un acuerdo, con cemento en el programa, la cosa se entiende mejor. Y lo que es de un infantilismo político aberrante es el cabreo de los dirigentes de ese errático y subsidiario PSE, que se hicieron notar en Gasteiz, con el único fin de sembrar la duda y aclarar que son un partido zombie, dependiente y muy residual en Euskadi.

¿Un pacto entre partidos es un documento público, un contrato que puede ser denunciado en sede judicial? En Andoain gobierna EH Bildu, ¿es esa la única motivación para abrir expediente informativo? Se puede intentar establecer un discurso sobre la traición, la desobediencia a las consignas de partido, pero eso, ¿está tasado en alguna ley como delito o falta? ¿Por qué tiene que existir algún otro motivo más allá del convencimiento de hacer lo mejor para su pueblo del que se aparta de las decisiones tomadas por partidos en sedes lejanas al lugar de los hechos? Más pistas.