La nueva Ley de Vivienda de la CAV incluye entre sus medidas la expropiación forzosa a bancos e inmobiliarias del uso de una vivienda que se fuera a desahuciar para que, por un periodo de hasta tres años, pueda seguir siendo utilizada por la familia que lo habitaba. También contempla «la utilización de la vivienda, acorde a su función social» y define la «vivienda deshabitada» como «la que incumple su función social por encontrarse desocupada de forma continuada, durante un tiempo superior a dos años, sin causa alguna que pueda justificar su no utilización en los términos previstos en esta ley y normativa de desarrollo». Y, como consecuencia de todo ello, recoge los «instrumentos públicos de intervención administrativa en viviendas que no cumplen la función social». En definitiva, entiende la vivienda como un espacio para vivir y no para hacer negocio.

Esto no gustó ni al PNV ni al PP, que votaron en contra de la ley en el Parlamento de Gasteiz. Así que el PP ha echado finalmente mano de su «primo de Zumosol» y el Gobierno español ha recurrido estos artículos de la legislación vasca al Tribunal Constitucional que, automáticamente, los ha suspendido por un plazo de cinco meses sin ni siquiera analizar si son realmente constitucionales. Al Ejecutivo de Lakua le correspondió defender la ley en una comisión bilateral con el de Madrid, sin que evitara el recurso.

En su demanda, el Gobierno español señala que los artículos recurridos invaden las competencias estatales de regulación de las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de los derechos y en el cumplimiento de sus deberes.

Recurso que afecta a derechos

El portavoz del Gobierno de Lakua, Josu Erkoreka, denunció que pese a estar en funciones y ni siquiera responder de sus acciones ante el Congreso, el Gabinete de Mariano Rajoy «mantiene su pulsión recentralizadora obsesiva», para «impugnar hasta el último momento todas las normas autonómicas que no encajan en su visión centralista e imperial».

EH Bildu, por su parte, denunció que «el actual marco jurídico-político, utilizado por el Estado para anular decisiones legítimas de la sociedad vasca, es un obstáculo enorme para satisfacer las necesidades diarias de la ciudadanía porque muchas de sus decisiones, la Ley de Vivienda, por ejemplo, son anuladas casi automáticamente para perjuicio de todas las personas de este país».

La coalición independentista sostiene que «la sociedad vasca no puede seguir sometida a la voluntad arbitraria del Gobierno español de turno». Para ello, insiste en la necesidad de buscar un acuerdo para una estrategia eficaz contra estas agresiones, para lo que ya ha pedido una comparecencia del lehendakari.