La Fiscalía ha pedido 19 años de cárcel para la abogada Arantza Zulueta y penas también muy altas para otras ocho personas, en todos los casos abogados o gente que ha trabajado por los presos, acusados de actuar por orden de ETA. Se trata en concreto de Jon Enparantza, que se enfrentará a una petición de 12 años de prisión; Naia Zurriarain, Iker Sarriegi y Julen Zelarain, para quienes se piden 11 años; Joxe Domingo Aizpurua, con una petición de nueve años, y Saioa Agirre, Juan Mari Jauregi y Nerea Redondo, contra quienes se solicitan siete por «colaboración». A los cinco primeros se les acusa de «integración».

La mayoría de ellos fueron detenidos en abril de 2010, junto con otros ciudadanos vascos, y tanto Zulueta como Enparantza volvieron a ser arrestados en enero de 2014, en otra operación policial desarrollada contra los mediadores del colectivo de presos políticos vascos EPPK.

Basado en el CNI

En setiembre de 2014 la defensa pidió anular todo el caso al constatar que el sumario al completo se basa en la intervención irregular del CNI. Fue después de que el instructor, Javier Gómez Bermúdez, admitiera que «toda la investigación de la Guardia Civil ‘cuelga’ de la interceptación de comunicaciones hecha por el Centro Nacional de Inteligencia».

La verdad es que no hay duda respecto a la huella del CNI, pues es la propia Guardia Civil la que, en su «informe H-Alboka», expone literalmente que «todos los datos relativos tanto a comunicaciones telefónicas como a envíos y recepción de sms entre las personas implicadas en este informe, principalmente Arantza Zulueta y Jon Enparantza, forman parte de investigaciones desarrolladas por el CNI». Gómez Bermúdez exigió la desclasificación de las escuchas del CNI y alertó de que «denegar la desclasificación que se solicita puede afectar negativamente a otros valores constituciones y derechos fundamentales», «daría al traste con el derecho de defensa» e «impediría de facto el enjuiciamiento o abocaría a una sentencia necesariamente absolutaria»

La defensa de los acusados, en aquella rueda de prensa de setiembre de 2014, compartió el fondo de la cuestión subrayada por el juez instructor (la intervención inusitada del CNI), pero consideró que lo que procede en consecuencia era anular todo el caso. Entendía que la nulidad del caso resulta «radical e insubsanable» porque se había producido una «transmutación» de la finalidad de la actuación del CNI. Su participación se había producido sin cobertura legal se había hecho además «sin control jurisdiccional e invadiendo la división de poderes» y, en último término, se había producido «a espaldas del acusado», una cuestión prohibida por la propia Constitución en su artículo 24.

Varios arrestos en poco tiempo y duras condiciones en prisión

Arantza Zulueta y Jon Enparantza han sufrido el trance de ser detenidos varias veces en un breve espacio de tiempo –abril de 2010, julio de 2011 y enero de 2014, Zulueta; y abril de 2010 y enero de 2014 Enparantza–. Además, las condiciones de su encarcelamiento han sido muy duras. Tanto, que en agosto del año pasado centenar y medio de personas presentaron ante el Juzgado de Guardia de Bilbao denuncias particulares por la situación de «aislamiento ilegal» en la que se encontraban. Tuvieron como destinatarios al responsable de Instituciones penitenciarias, Ángel Yuste, y los directores de las cárceles de Puerto III y Segovia.

Explicaron entonces que ambos letrados se hallaban en aislamiento y estaban encerrados en módulos especiales destinados a cumplir sanciones. Indicaron que esa situación es «contraria a derecho», ya que el aislamiento es en teoría «una medida excepcional». Enparantza quedó libre el 11 de marzo. GARA