El pasado miércoles, día 20, ocho personas fueron detenidas y trasladadas a comisaría por participar en la elaboración de un mural que denuncia la tortura en Burlata. Se les acusó de «injurias» contra la Guardia Civil pese a que en el mural no se menciona a ningún cuerpo policial. Ayer, la Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento de Iruñea aprobó una declaración institucional en la que se rechazan las detenciones. En la declaración, que fue presentada por EH Bildu, Podemos e I-E, y que contó con la adhesión de Geroa Bai, la Cámara declara que se ha tratado de «una operación política sin ningún sentido, cuyo único objetivo es silenciar la denuncia contra la tortura».

Además, en la declaración, que fue rechazada por UPN, PSN y PP, el Parlamento navarro considera «de extrema gravedad» la actuación «estrictamente política» de la delegada del Gobierno español en Nafarroa, Carmen Alba, que «una vez más ha actuado vulnerando los derechos civiles y la libertad de expresión de la ciudadanía navarra», por lo que se exige su inmediata dimisión. Asimismo, el Legislativo se solidariza con las personas afectadas por esta operación policial, con el alcalde y con el Ayuntamiento de Burlata, así como con las personas que hayan sufrido torturas.

Evitar la denuncia de torturas

Al término de la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces, el portavoz de EH Bildu, Adolfo Araiz, valoró que «lo más importante de todo el contenido de esta declaración» es denunciar que el objetivo de estas detenciones y de otras actuaciones similares «ha sido en todo momento evitar la denuncia de la existencia de torturas». En ese mismo sentido, Koldo Martínez, de Geroa Bai, apostilló que la operación ha sido «única y exclusivamente política» y «un montaje político», cuyo objetivo dijo no comprender, porque «todos los detenidos son puestos en libertad inmediatamente». «Parece una especie de ataque a la libertad de expresión», precisó a este respecto.

Del mismo modo, el portavoz de I-E, José Miguel Nuin, declaró a los medios que su coalición rechaza estas detenciones, que son «incomprensibles», que no entienden y que «entran en el terreno de la arbitrariedad». Apuntó que, para hacer estas detenciones, «no había ninguna orden judicial», ni existía «ninguna situación flagrante de comisión de ningún delito», por lo que «estaría bien que lo explicase la delegada del Gobierno».

Por su parte, Laura Pérez, portavoz de Podemos, resaltó que «denunciar las torturas en ningún caso puede ser delito ni objeto de sanción ni de detención ni de retención» y por tanto consideró que «eso también constituye una vulneración de derechos fundamentales».

En términos diametralmente opuestos se expresaron los partidos que rechazaron la moción. Ana Beltrán, portavoz del PP, dijo estar preocupada por la acusación que se hace a la delegada del Gobierno español, por lo que pidió la retirada de ese punto. «Aprobar hoy esto en este Parlamento significa estar acusando a la delegada del Gobierno de España de estar cometiendo un delito, porque eso signi- fica vulnerar los derechos civiles», afirmó Beltrán, quien sostuvo que Alba, «lo mismo que la Policía Nacional, se limita a cumplir con su obligación y sobre todo a cumplir la ley». Tras calificar esa acusación parlamentaria como «absolutamente inadmisible y una vergüenza», la representante del PP defendió que «la Policía Nacional, cuando considera que se está cometiendo un delito y decide detener a unas personas, no tiene que andar con una orden judicial».

Más comedida, pero en el mismo sentido, la portavoz del PSN, María Chivite, mostró su respeto a la operación policial y rechazó la exhibición de carteles contra la tortura en el último pleno del Parlamento «exaltando la convivencia» de la Cámara.

Por su parte, el parlamentario de UPN Carlos García Adanero mostró su sorpresa por el apoyo de Izquierda-Ezkerra y Geroa Bai a esta declaración y consideró que «por tener tranquilidad en el Gobierno se traga con todo». García Adanero declaró que en política «se puede criticar todo», pero en este caso opinó la denuncia hacia Carmen Alba «se hace de una forma excesiva» en la declaración. Al respecto, el parlamentario derechista consideró que si esta declaración institucional se presenta en el Parlamento de Gasteiz, «el PNV hubiera votado en contra».

Rechaza la propuesta del PP contra los carteles

Además de denunciar las detenciones de Burlata, La Mesa y la Junta de Portavoces del Parlamento de Iruñea rechazó una declaración institucional del PP en la que se censuraba la exhibición de carteles contra la tortura llevada a cabo por los parlamentarios de EH Bildu en el pasado pleno. Los carteles fueron exhibidos durante la intervención de la portavoz del PPN, Ana Beltrán.

La propuesta de declaración fue rechazada con los votos a favor de UPN y PP, los votos en contra de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e Izquierda- Ezquerra, y el voto a favor del PSN en el primer punto y su abstención en el segundo. Al término de la Mesa y Junta, Adolfo Araiz, portavoz de EH Bildu, insistió en que la exhibición de carteles en el pleno «no tenía ningún carácter personal» contra los dos parlamentarios del PP, sino que pretendía «manifestar la denuncia de una actuación, que es la de la tortura». Consideró asimismo que «hay una sobreactuación por parte del PP en este tema, tratando de plantearse que son víctimas». GARA