EH Bildu mantuvo ayer una reunión de urgencia con el fin de diseñar una estrategia común para llevar a todas las instituciones en las que la coalición tiene representación resoluciones «para acabar con los recortes sociales y las políticas racistas».

Consideran que es necesario actuar frente a «las posturas xenófobas que afloran en países europeos y que, lamentablemente, han llegado a Euskal Herria». Por ello, ya han presentado mociones en varios ayuntamientos –algunas serán discutidas hoy– y también en las Juntas Generales de Gipuzkoa. Además, presentarán una proposición no de ley ante el Gobierno de Lakua. Las medidas propuestas rechazan los discursos xenófobos así como los recortes sociales y exigen a las instituciones un cambio en las políticas sociales.

A la reunión mantenida ayer por la mañana en Donostia acudieron representantes de las instituciones, como la parlamentaria Eva Blanco, o los junteros Xabier Olano y Oihane Zabaleta. Estos dos últimos fueron los encargados de explicar lo acordado en el encuentro.

Actitudes que denuncian

Pusieron como ejemplo de discriminación a ciertas personas las actuaciones del exalcalde de Gasteiz, Javier Maroto, cuando «inició una cruzada en contra de los y las perceptoras de la Renta de Garantía de Ingresos (RGI) que, posteriormente, ha continuado Javier de Andrés».

Según EH Bildu, el PP no es el único partido que «ha articulado un discurso en contra de las ayudas sociales criminalizando a la población migrante» y señalaron al actual gobierno de Lakua (PNV), puesto que en su web preguntaron sobre la conveniencia de expulsar a los extranjeros que estuvieran en situación de desempleo. Esta alusión fue retirada tras la denuncia del grupo parlamentario de EH Bildu, según recordaron.

La razón principal de la reunión fue la intención del Gobierno foral de Gipuzkoa de suprimir la Ayuda de Garantía de Ingresos (AGI) alegando «efecto llamada». EH Bildu cree que se «desprecia públicamente a una parte de la ciudadanía con expresiones peyorativas» y que no es aceptable que «se menosprecie y desprestigie de esa manera a personas que viven en nuestro territorio y que, debido a su situación económica, ejercen su derecho a percibir protección social».