El Pleno del Parlamento navarro aprobó ayer con los votos de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E una resolución en la que se «rechaza rotundamente la práctica de la tortura» y se insta al Gobierno español a derogar la legislación de excepción «que permite la detención incomunicada y las situaciones de desprotección y, en todo caso, asegure el respeto a todos los derechos y garantías de las personas detenidas».

La declaración aprobada incluye un apartado, que recibió también el respaldo del PSN, en el que se emplaza al Gobierno español a atender los principios establecidos en la Convención contra la Tortura y a cumplir la doctrina del Tribunal de Estrasburgo que recomienda investigar con rigor todas las denuncias de tortura. UPN y PP mantuvieron su voto contrario también en este punto.

Asimismo, el Parlamento navarro muestra su solidaridad con todas las personas que han sufrido torturas y malos tratos y exhorta al Gobierno navarro a investigar las denuncias.

Bakartxo Ruiz, portavoz de EH Bildu, lamentó que el Estado español haya permitido que la tortura se haya aplicado «de manera sistemática y con total impunidad», ya que las medidas que se han tomado cuando se ha denunciado «han sido ascensos y condecoraciones».

Patxi Leuza, de Geroa Bai, señaló que «la violencia estatal no sucede porque unos policías se saltan las reglas, sino porque hay un sistema que garantiza la impunidad», mientras que Fátima Andreo (Podemos) destacó que «la versión oficial dice que en España no se tortura salvo en casos excepcionales, pero los hechos dicen que en España se tortura y que no es algo excepcional».

José Miguel Nuin (I-E) subrayó que la tortura es «especialmente grave en el caso de que la realicen funcionarios públicos de un estado democrático».

Inma Jurío (PSN) justificó el voto contrario de su grupo a la moción -excepto al punto segundo– señalando que «es sectaria puesto que solo se refiere a torturas de detenidos por causa de ETA».

Iñaki Iriarte (UPN) defendió una enmienda de su grupo, que fue rechazada, que abogaba por «una rigurosa investigación de todas las denuncias» e instaba al Gobierno español a elaborar un plan de derechos humanos. Ana Beltrán (PP) dijo que «el Estado tiene derecho a defenderse de los criminales».