La Comisión Europea dio ayer el primer paso formal en el expediente abierto a Polonia por vulnerar el Estado de Derecho con la adopción de una opinión por las controvertidas reformas impulsadas por el Gobierno polaco, entre ellas la del Tribunal Constitucional.

«Decidimos enviar una opinión sobre el Estado de derecho a las autoridades polacas», anunció el vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, lamentando que Varsovia y Bruselas «no hayan podido hallar soluciones» a las objeciones del Ejecutivo comunitario.

La adopción de esta «opinión» es una nueva etapa en el procedimiento inédito iniciado por la Comisión contra Varsovia, y que puede terminar con sanciones, como una suspensión de voto de Polonia en el seno de la UE.

Timmermans rechazó «prejuzgar sobre los pasos futuros» que dará Bruselas si Polonia no cumple porque la fase de diálogo con las autoridades polacas no ha llegado «hasta el final» y no se ha agotado todavía. «Estamos en esta fase de diálogo», recalcó, tras valorar el compromiso de la primera ministra polaca, Beata Szydlo, con quien habló martes por la noche.

La Comisión precisó que el envío de esta opinión «constituye una advertencia para el Estado miembro y le da la posibilidad de reaccionar».

Polonia tiene dos semanas para presentar sus observaciones, luego, la Comisión podrá «formular una recomendación» si sus preocupaciones persisten. Sin una respuesta que considere satisfactoria, podrá activar el artículo 7 del Tratado, que permite sancionar a un país. Bruselas rechazó las críticas de Polonia de que se está extralimitando en sus funciones.