Amnistía Internacional (AI) lanzó ayer la campaña «No pases olímpicamente» con el fin de reducir la violencia policial durante los Juegos Olímpicos.

«Cuando en 2009 se adjudicaron los Juegos Olímpicos de 2016 a Río, las autoridades prometieron mejorar la seguridad para todos. En su lugar, hemos visto desde entonces que la Policía ha matado a 2.500 personas en la ciudad sin apenas rendición de cuentas», denunció Atila Roque, director de AI Brasil.

«Parece que Brasil ha aprendido muy poco de los grandes errores que cometió durante años en materia de seguridad pública. La política de ‘disparar primero y preguntar después’ ha convertido a Río de Janeiro en una de las ciudades más letales del planeta», constató.

En este sentido, Roque subrayó que «las mal concebidas políticas de seguridad pública que aplica históricamente el país, unidas a los crecientes abusos documentados durante eventos deportivos importantes y a la ausencia de investigaciones efectivas de los abusos contra los derechos humanos, son una receta para el desastre».

Recordó que decenas de personas resultaron heridas y cientos fueron detenidas de forma arbitraria durante la represión de las protestas contra la Copa Mundial de 2014 y durante su celebración.

Resaltó que al menos 580 personas murieron en el estado de Río de Janeiro desde que se dio a la Policía y al Ejército la tarea de «asegurar» las ciudades donde se iba a celebrar la competición.

Apuntó que los homicidios durante operaciones policiales aumentaron un 40% en 2014, y un 11,2% más durante el año siguiente, mientras que cien personas han muerto de forma violenta en lo que va de 2016 en Río de Janeiro, la mayoría residentes en favelas.

De cara a los Juegos Olímpicos, las autoridades han anunciado el despliegue de 65.000 policías y 20.000 soldados.

AI advirtió de que este despliegue incluirá operaciones en favelas y recordó que en ocasiones anteriores la situación derivó en «toda una serie de violaciones de los derechos humanos que aún no se han investigado y sancionado debidamente».

El pasado 10 de mayo, el Gobierno aprobó la Ley General de los Juegos Olímpicos que, según AI, «impone nuevas restricciones al derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica en muchas zonas de Río».

«Las autoridades brasileñas no solo están incumpliendo la promesa de crear un lugar seguro para todos como legado olímpico, sino que tampoco están garantizando que los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley cumplen las leyes y normas internacionales sobre el uso de la fuerza y de las armas de fuego», incidió.