Beñat ZALDUA

La Fiscalía pide cinco años de cárcel para el hijo menor de Jordi Pujol

De encabezar las quinielas para liderar Convergència, al banquillo de los acusados con una petición fiscal de cinco años y dos meses de cárcel por beneficiar a un empresario amigo a cambio de comisiones. El hijo pequeño del expresident Jordi Pujol, Oriol, negocia ahora a contrarreloj un pacto que evite la apertura de juicio por el llamado «caso de las ITV».

La Fiscalía Anticorrupción considera que el ex secretario general de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) e hijo menor del expresident Jordi Pujol, Oriol, utilizó «su influencia política» para beneficiar a un empresario amigo a cambio de comisiones por valor de 700.000 euros. Motivo por el cual lo acusa de tráfico de influencias, soborno continuado y falsedad documental, delitos por los que pide cinco años y dos meses de cárcel para el exdelfín convergente, retirado de la política hace ahora dos años.

Anticorrupción presentó ayer su informe ante la juez que instruye el conocido como «caso de las ITV», en el que, concretamente, se acusa al pequeño de los Pujol de beneficiar al empresario Sergi Alsina en dos operaciones: en la reorganización del mapa de estaciones de ITV en Catalunya y en operaciones mercantiles para deslocalizar diversas empresas. A cambio de una intermediación que la Fiscalía califica de «intensa, decisiva y claramente beneficiosa», Pujol recibió abultadas comisiones que no habría cobrado directamente, sino a través de su mujer, Anna Vidal, para quien pide una pena de tres años de prisión.

Según aseguró ayer la prensa catalana, Pujol sigue negociando en estos momentos un pacto con la Fiscalía para evitar que el caso llegue a juicio. Según reveló el diario “Ara” en marzo, para ello estaría dispuesto a asumir el ingreso en prisión, a cambio de que Vidal quedase exonerada de toda condena.

Está por ver que sea posible, ya que, en su escrito, los fiscales Teresa Duerto y Fernando Maldonado explican que los trabajos por los que Vidal cobró hasta 700.000 euros a empresas de Alsina no eran más que «información manuscrita y apuntes» que «fácilmente se podían obtener por internet». «Tenían la finalidad de retribuir la inestimable colaboración» de Pujol, añaden los fiscales, que piden también inhabilitar al exdiputado para que no pueda ocupar ningún cargo público durante los próximos seis años.

Pujol, que estaba llamado a ser el sucesor de Artur Mas y el heredero de su padre al frente de CDC, dejó la política activa en 2014, en el marco de la estrategia familiar para afrontar los numerosos frentes judiciales abiertos. Cabe recordar que poco después del paso atrás de Oriol Pujol llegó la confesión del patriarca de la familia, que trató de explicar la fortuna de sus hijos a través de una herencia que habría mantenido oculta en Andorra hasta hace poco. El caso sigue su curso en los juzgados.