El ‘‘Informe sobre economía sumergida y fraude fiscal en Euskadi’’ fue presentado ayer en la Comisión de Hacienda del Parlamento de Gasteiz por sus autores, Ignacio Zubiri, Javier Fernández-Macho –catedráticos del Instituto de Economía Pública de la UPV– y la catedrática Mari Carmen Gallastegi. El contenido de este trabajo ya fue dado a conocer hace casi dos semanas, y ayer se llevó a la sede parlamentaria a petición de PSE.

El estudio estima que entre 2011 y 2014 la economía sumergida en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa ha supuesto una minoración en la recaudación de más de 3.700 millones de euros anuales, de los que 2.320 millones corresponderían a impuestos generales gestionados por la Administración de la CAV (unos 2.000 millones) y por el Estado (alrededor de 320 millones). Los 1.380 millones restantes procederían de otras formas de economía sumergida.

Según los autores del informe, esta estimación «se queda corta» porque no tiene en cuenta la «ocultación» de grandes capitales a través de paraísos fiscales e ingeniería tributaria.

Así, Mari Carmen Gallastegi explicó que la estimación contemplada en este trabajo «es inferior a los niveles reales de fraude», ya que en el mismo no se ha contabilizado el dinero no declarado a Hacienda mediante fórmulas como las «deslocalizaciones ficticias» de empresas, la «ingeniería fiscal» o la disposición de «rentas en el exterior».

«Nos hemos quedado cortos», remarcó esta catedrática, quien explicó que tanto ella como los demás autores del citado informe se han llevado una «sorpresa» al constatar que «existe muchísimo margen» para seguir investigando el fraude y la economía sumergida.

En este sentido, reconoció que todo esto «decepciona bastante», por lo que planteó la necesidad de desarrollar metodologías más eficaces para contabilizar e identificar el mayor volumen posible de evasión tributaria.

«Grandes limitaciones»

Por su parte, Ignacio Zubiri explicó los motivos de que el informe no haya tenido en cuenta las cantidades no declaradas a Hacienda por parte de grandes empresas y contribuyentes con grandes capitales. Uno de esos motivos, según dijo, es el «escaso» presupuesto del que dispusieron para elaborar el estudio, que fue encargado por el Gobierno de Lakua, por lo que tuvieron «grandes limitaciones» para poder llevarlo a cabo.

«Se podía haber ido más lejos; hay muchas cosas que no se miden y que nos habría gustado medir», explicó este catedrático de Economía Pública de la UPV.

En lo que se refiere a las prácticas de ocultación de capitales por parte de grandes empresas, Zubiri afirmó que estas «tienen sus vías y estrategias» para pagar menos impuestos y que no han podido ser «identificadas» en el informe encargado por el Gobierno autonómico.

En su intervención, Zubiri también cuestionó la eficacia de las últimas reformas fiscales para combatir este tipo de fraudes. Por ello, defendió la necesidad de crear un observatorio independiente que se encargue de evaluar la labor de las administraciones en la persecución del fraude tributario.

A su juicio, algunas de las funciones que podría desarrollar un observatorio de este tipo deberían responder a estas preguntas: «¿Son correctas las medidas de las diputaciones? ¿Las aplican después de decir que las van a aplicar?».

«Son cuestiones que no sabemos, que son esenciales y que se podrían esclarecer a través de un organismo de estas características», explicó Zubiri, y lamentó que el número de inspectores con el que cuentan las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa sea «desconocido».

«Creo que el tercer secreto de Fátima está menos guardado que algunas cosas relacionadas con las inspecciones», ironizó este catedrático.

También advirtió de que la posibilidad de descubrir a una persona o empresa que defrauda sigue siendo «baja», lo que puede suponer «un estímulo para recurrir a estas prácticas». Por ello, reclamó que se mejoren los sistemas de detección y las medidas «disuasorias».