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Las diputaciones rechazan crear un nuevo órgano contra el fraude fiscal

La exposición del informe sobre fraude fiscal y economía sumergida elaborado por catedráticos de Economía de la UPV-EHU no fue bien recibida por los diputados generales de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa, que ayer defendieron la efectividad de las haciendas vascas en esta materia. Asimismo, manifestaron que no creen conveniente crear un nuevo órgano de coordinación de la lucha contra el fraude, tal y como recomendaron los expertos en el Parlamento.

Las diputaciones de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa hicieron público ayer un comunicado conjunto con algunos apuntes sobre las conclusiones que los catedráticos de Economía de la UPV-EHU Ignacio Zubiri, Javier Fernández-Macho y Mari Carmen Gallastegi extrajeron la víspera del informe sobre economía sumergida y fraude fiscal en la CAV. Las tres instituciones se mostraron críticas con la valoración de los autores, que pusieron de manifiesto la necesidad de actuar de manera más efectiva contra el fraude.

Las diputaciones respondieron que anualmente elaboran planes de lucha contra el fraude en los que establecen las líneas de actuación a llevar adelante en esta materia en cada ejercicio. «Estos planes se presentan en las Juntas Generales al resto de grupos políticos y se difunden tanto a través de los medios de comunicación como por medio de los respectivos medios digitales de las tres instituciones», señalaron. «Es decir, están al alcance de cualquier persona que quiera acceder a ellos», precisaron en clara alusión a las declaraciones de Zubiri, quien apeló al secretismo existente en torno a determinadas cuestiones relacionadas con las inspecciones fiscales.

Zubiri también sugirió que sería conveniente crear un observatorio independiente que se encargue de evaluar la labor de las administraciones en la persecución del fraude tributario. Sin embargo, las diputaciones afirmaron ayer que no ven «oportuno» crear un nuevo órgano de coordinación de la lucha contra el fraude. En este sentido, expresaron que la actual Comisión de Lucha Contra el Fraude es la que está legitimada para desarrollar las acciones en este campo.

Las instituciones forales apuntaron, asimismo, que los resultados de los planes contra el fraude están «al alcance de la ciudadanía en todo momento» y apuntaron que entre 2011 y 2015 han permitido aflorar 4.648 millones de fraude.

El portavoz del Gobierno de Lakua, Josu Erkoreka también se refirió al tema, aunque no entró a valorar las críticas sobre la opacidad y la falta de una metodología común en la lucha contra el fraude y se centró en el contenido del informe, cuyos datos consideró «razonablemente positivos», ya que la economía sumergida vasca (17% del PIB) está 5 puntos por debajo que la tasa del Estado español y en la media europea.

 

Acuerdo europeo para dificultar la evasión de multinacionales

Los Estados miembros de la UE han alcanzado un acuerdo sobre las nuevas normas que pretenden combatir la elusión fiscal, principalmente de multinacionales. La normativa aborda aquellos escenarios en los que las grandes empresas se benefician de las disparidades entre sistemas tributarios estatales con el objetivo de reducir sus obligaciones fiscales, según explicó la CE en un comunicado. Así, las nuevas normas intentan evitar que multinacionales basadas en países con alta presión fiscal desvíen beneficios a filiales residentes en jurisdicciones con menos carga impositiva, mediante límites a la cantidad de intereses deducibles en un periodo fiscal. Además, establecen un impuesto a la transferencia de activos o al cambio de la sede fiscal de una multinacional, con el objetivo de prevenir la erosión de la base fiscal en el país de origen. Al mismo tiempo, las nuevas normas asignan los ingresos de una filial controlada en el extranjero a su empresa matriz, que generalmente se encuentra en un país con una presión fiscal más alta, para combatir la transferencia de beneficios. Incluyen también normas para evitar las dobles deducciones que son consecuencia de las diferencias entre los regímenes fiscales de los Estados miembros.

La directiva será adoptada el próximo 12 de julio después de haberse retrasado el cierre del acuerdo por las discrepancias de algunos países, especialmente de Bélgica.GARA