El acuerdo de realizar este abono fue tomado ayer por el Gobierno de Nafarroa, que también decidió abonar en los últimos días de este mes el 25% de la paga de junio que no se adelantó a enero de 2016.

Este adelanto se preveía en la propuesta de calendario de devolución de la extra formulada por la consejera María José Beaumont el pasado 1 de diciembre, que contemplaba el pago de 2,25 pagas los años 2016, 2017 y 2018. La medida comprende a 15.550 empleados públicos.

Los adelantos se harán efectivos tanto al personal fijo como al temporal, con un servicio previsto de al menos los seis meses siguientes, que haya sido destinatario del anticipo del 75% de la paga extraordinaria del mes de junio de 2016 a los primeros días de enero del mismo año, que no haya solicitado la cancelación anticipada del mismo de forma voluntaria y que mantenga la relación laboral que dio lugar a la concesión del anticipo.

Los anticipos no afectarán a las retenciones fiscales ni a las cotizaciones sociales asociadas a la nómina, con independencia del sistema de previsión social al que esté afiliado el empleado. Los anticipos se aplicarán igualmente a los altos cargos y al resto del personal eventual que cumplan los requisitos fijados.

Como se recordará, el Gobierno navarro acordó en diciembre de 2015 anticipar a los primeros días de enero de 2016 el abono del 75% de la paga extra de junio del mismo año, con el fin de paliar los efectos derivados de la supresión de la paga extraordinaria de diciembre de 2012, medida aprobada por el Gobierno español como normativa básica «de obligado cumplimiento».

3,1 millones para UGT y CCOO

Por otra parte, el sindicato ELA ha criticado la decisión del Gobierno navarro de conceder 3,1 millones de euros a UGT y CCOO por firmar tres convenios con el Servicio Navarroa de Empleo.

«Esto supone continuar con la política de financiación y privilegios instaurada por el régimen de UPN», afirma ELA. Este sindicato ya recurrió los convenios de 2015, renovados ahora por el Gobierno navarro, porque «esconden una financiación irregular e ilegítima a la patronal, UGT y CCOO».