Personas que han sufrido los efectos de la Ley Mordaza comparecieron ayer en Iruñea y Bilbo para recordar que el viernes se cumple un año desde que se aprobó esta norma y llamar a acudir a las movilizaciones que con este motivo se han organizado en las cuatro capitales de Hego Euskal Herria.

En Bilbo, quienes comparecieron lo hicieron con una mordaza en la boca para mostrar su rechazo a la conculcación del derecho a la libertad de expresión que supone esta ley. Así, recordaron que en Bizkaia en 2015 fueron sancionadas 1.251 personas en aplicación de esta ley, mientras que hasta abril de esta año ya se ha multado a 656.

Las movilizaciones tendrán lugar en Iruñea (19.00, frente a la Delegación del Gobierno español en Nafarroa), Gasteiz (19.00, plaza de la Virgen Blanca), Donostia (de 17.00 a 21.00 en el Boulevard) y en Bilbo (10.15, plaza Elíptica). El tipo de movilización será distinto en cada lugar, pero en todos los casos las convocatorias están organizadas entre colectivos sociales y políticos diversos.

«Durante los últimos años, con la crisis generada por el propio sistema como excusa, hemos asistido a una pérdida sistemática de derechos sociales que ya anteriormente eran escasos: derechos laborales, derecho a la sanidad, a la educación, a la vivienda... Un ataque que ha generado un aumento de la movilización ciudadana. Frente a esta situación de abolición de derechos fundamentales, las instituciones, una vez más, se dedican a formular leyes y reformar el Código Penal para criminalizar los actos de participación política y las movilizaciones de protesta», destacaron en las comparecencias de Iruñea y Bilbo.

«En síntesis, con una mano nos roban derechos sociales, con la otra el derecho a luchar por esos derechos», subrayaron.

En este sentido, recordaron que «hace un año, el 1 de julio del 2015, entraron en vigor dos de las Leyes Mordaza: la Ley de Seguridad Ciudadana y la Reforma del Código Penal. Ambas forman parte de un paquete más amplio de medidas, como la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la Ley de Seguridad Privada o el casi clandestino Plan de Lucha Contra la Radicalización Violenta. Todas ellas dirigidas a quitarnos libertades, castigar la protesta y las situaciones de pobreza y precariedad».

Criminalización

«Cualquier vecino o vecina pasará a ser sospechosa si el agente de turno considera que puede llegar a cometer un delito sin necesidad de que lo haya cometido, criminalizando de este modo ya no solo hechos sino también determinados colectivos como migrantes, activistas, personas sin recursos y quien demuestre solidaridad con dichos colectivos», alertaron.

«Sabemos cuál es el objetivo de este conjunto de leyes: que el miedo, el castigo y la represión nos desborden y se vacíen las calles. Sin embargo, llevamos la semilla de una sociedad solidarias en nuestros corazones y en nuestro cotidiano ya estamos recogiendo sus frutos», añadieron.

«En este pueblo conocemos perfectamente cuáles son las consecuencias de las leyes de excepción. Durante muchos años hemos sido el laboratorio de este tipo de medidas cuyo objetivo ha sido acallar las respuestas ciudadanas y, pese a todos los obstáculos, hemos desarrollado la inteligencia y el cuidado colectivo para bailar por encima del autoritarismo», destacaron.

«Sabemos que con estas medidas las protestas ciudadanas, las propuestas y las alternativas que ponemos en marcha desde las vecinas y para las vecinas se criminalizan con mayor facilidad. Por eso, más que nunca, hacemos un llamamiento a perder el miedo y a desobedecer ante estas leyes injustas: la calle es el espacio de las personas, es el momento de multiplicar las tendencias hacia la organización y el apoyo mutuo entre vecinas. Si no somos nosotras, ¿quién? Si no es ahora, ¿cuando?», preguntaron.