El presidente húngaro, Janos Ader, convocó ayer para el 2 de octubre un referéndum sobre el sistema de cuotas de la UE para reubicar a los refugiados.

«¿Quiere que la Unión Europea disponga, sin el consentimiento del Parlamento sobre el asentamiento de ciudadanos no húngaros en Hungría?», será la pregunta de la consulta, cuya celebración fue decidida por el Gobierno de Viktor Orban, que se opone al reparto por cuotas.

El partido en el poder Fidesz, de Orban, considera que los húngaros deben decidir con quién conviven y hará campaña para que gane el «no».

Coincidiendo con el anuncio, Hungría comenzó ayer a ejecutar la polémica reforma legal que permite expulsar a refugiados interceptados cerca de la frontera, una medida que entró en vigor el lunes a medianoche y que se ha aplicado ya a 600 personas.

Según esta ley, las autoridades «acompañarán» hasta el otro lado de las alambradas en las fronteras meridionales a todos los refugiados que sean interceptados dentro de una franja de ocho kilómetros, un procedimiento criticado por la ONU y ONG. Al otro lado de las vallas, en una estrecha franja de terreno todavía en territorio húngaro, los refugiados deberán acceder a las zonas de registro, donde podrán pedir asilo.