La dirigente de los conservadores británicos, la primera ministra británica, Theresa May, cerró ayer el congreso de su partido en Birmingham endureciendo el tono contra la inmigración, y eligió la vía de un Brexit sin compromisos que anticipa una dura negociación con Bruselas.

May dijo querer situar a su partido «en el centro del tablero político británico» en un intento de conseguir votos tanto entre los electores laboristas como entre los del eurófobo UKIP, que ha capitalizado los miedos de la sociedad británica y ahora se encuentra en una grave crisis.

Desde el domingo, los conservadores no han dejado de cortejar al electorado de la formación xenófoba poniendo el acento sobre los frenos a la inmigración. May insistió ayer en que quiere garantizar a las empresas «una libertad máxima de comerciar y de funcionar en el seno del mercado único» europeo. «Pero no vamos a dejar la UE para abandonar de nuevo el control de la inmigración», añadió, dos deseos contradictorios para las intenciones de Bruselas. Entre esos controles, el Gobierno británico pretende obligara las empresas a publicar una lista de sus empleados no británicos y a dar prioridad a la mano de obra nacional. Su intención es reducir el saldo migratorio, actualmente 330.000 personas al año, por debajo de los 100.000.

También quiere que el sistema de salud público, en el que actualmente una cuarta parte de los efectivos son extranjeros, sea «autosuficiente en médicos británicos».

Las críticas fueron furibundas. Desde el laborismo, se acusa a los tories de utilizar a los seres humanos como moneda de cambio. Las acusaciones de racismo y las comparaciones con Donald Trump llegaron también desde medios de comunicación o el mundo empresarial.

El endurecimiento del tono contra la inmigración se produce en plena crisis de este partido, hundido en el caos tras la salida de Farage de su dirección, lo que deja a May un espacio para ocupar. Su nueva dirigente, Diane James, dimitió de forma inesperada el pasado martes, solo 18 días después de suceder a Farage, por la falta de apoyo de sus eurodiputados y de los cuadros del partido.

El norte de Irlanda podría vetar el Brexit

El norte de Irlanda tiene derecho a oponer su veto al Brexit en virtud del Acuerdo de paz de 1998, según una demanda planteada ante un tribunal de Belfast. «La soberanía sobre las cuestiones constitucionales ha sido cedida. Los habitantes de Irlanda del Norte tienen el control sobre los cambios constitucionales que les afectan, no se les puede imponer», según el abogado Ronan Lavery, que defendía el recurso. El militante de derechos humanos Raymond McCord, impulsor de la demanda, advierte de que el Brexit es un peligro para la paz porque «muchas cosas positivas vienen de la UE y no tenemos garantía de que vayan a continuar», como la financiación de proyectos de acercamiento entre las comunidades unionista y republicana. Entre 2014 y 2020 la UE debe aportar 229 millones de euros para programas de reconciliación. McCord recuerda que la mayoría de la población norirlandesa votó por permanecer en la UE. Además, los irlandeses temen la vuelta de las barreras aduaneras con el sur de Irlanda y más obstáculos para la reunificación.GARA