Con menos pompa que en anteriores ocasiones, pero con el mismo guion, el Consejo de Ministros del Gobierno español en funciones decidió ayer recurrir al Tribunal Constitucional (TC) las resoluciones aprobadas por el Parlament de Catalunya sobre la futura convocatoria de un referéndum en otoño de 2017. Así lo explicó en la posterior rueda de prensa la vicepresidenta en funciones, Soraya Sáenz de Santamaría, quien añadió que el Consejo de Ministros decidió también instar a la Fiscalía a investigar las «responsabilidades» de la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en las votaciones que, según Moncloa, van en contra de la prohibición de la declaración del 9N.

Es por ello que lo que hizo ayer el Gobierno español fue presentar un «incidente de ejecución» a la anulación de la declaración del 9N, conocida también como declaración de desconexión y aprobada en 2015 en pleno tira y afloja entre JxSí y la CUP por la investidura de Artur Mas. La anulación de dicha declaración es lo que ha permitido al Estado español invalidar por la vía rápida las iniciativas imprendidas desde entonces por la mayoría independentista de la cámara catalana.

Ayer Moncloa decidió impugnar cinco de las resoluciones aprobadas por JxSí y la CUP, entre las que destacan la moción en la que acordaron convocar un referéndum sobre la independencia a más tardar en otoño de 2017 (con la abstención de CSQP) y la moción con la que se comprometieron a convocar unas elecciones constituyentes en el primer trimestre de 2018, siempre que el Sí a la independencia saliese vencedor en el plebiscito anterior.

La impugnación llega tan solo un día después de que el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya decidiese enviar a juicio a Artur Mas, Joana Ortega e Irene Rigau, acusados de desobediencia y prevaricación por el 9N.