Cinco años después de que José Tomás y Serafín Marín ofreciesen la que en principio iba a ser la última corrida de toros en la Monumental de Barcelona, el Tribunal Constitucional español ordena que la lidia regrese a Catalunya. Con antecedentes como el del Estatut no resulta sorprendente y, además, durante el último mes se había filtrado insistentemente que los magistrados darían la razón al PP y levantarían el veto. Ayer se consumó la decisión judicial. Según los togados, el acuerdo del Parlament de junio de 2010 que vetaba los toros invade la competencia estatal en materia de cultura. El esperpento llega cuando se comprueba que Canarias tomó la misma decisión en 1991, es decir, dos décadas antes que el Principat. Nadie la recurrió y el veto sigue vigente en las islas. Tanto el Govern como figuras como Ada Colau insistieron ayer en que no volverán a celebrarse corridas «diga lo que diga» el TC.

El fallo no se dio por unanimidad. Ocho de los jueces avalaron levantar la prohibición y otros tres (la vicepresidenta Adela Asua, y los togados Fernando Valdés y Juan Antonio Xiol) se opusieron, anunciando un voto particular. Según la sentencia que se avanzó ayer, la Ley de Protección de los Animales aprobada por el Parlament en 2010 vulnera las competencias estatales. Según la sentencia, cuyo contenido completo se conocerá en los próximos días, la Generalitat puede regular este tipo de festejos pero no vetarlos.

Se aferran los magistrados a dos leyes aprobadas por el Gobierno del PP en 2013 y 2015, en plena mayoría absoluta de Mariano Rajoy, por las que se declaraba a los toros «patrimonio cultural inmaterial». También da la razón al PP, que esgrimía que el acuerdo del Parlament (aprobado con 68 votos a favor, 55 en contra y 9 abstenciones) no respetaba las competencias del Estado en regulación de espectáculos.

Al margen de la cuestión de la protección de los animales, es evidente que el PP utilizó su recurso para defender unos festejos como «símbolo de la españolidad» de Catalunya. Así lo entiende también la sentencia, que habla de la «preservación del patrimonio cultural común» y que censura a Catalunya por vetar «el ejercicio de la competencia estatal dirigida a conservar esa tradición cultural». En la práctica, la prohibición del Parlament va en consonancia con ideas, cada vez más extendidas, en toda la Unión Europea, que apuntan al veto en el caso de que se mate al animal.

La decisión del TC se encontró ayer con el rechazo absoluto tanto del Govern como de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que lidera el único Consistorio catalán que tiene una plaza de toros que podría volver a estar operativa. El conseller de Territorio y Sostenibilidad, Josep Rull, dejó claro que «no volverá a haber corridas de toros en Catalunya diga lo que diga el TC». Remarcó que su función será la de «hacer prevalecer la voluntad del pueblo de Catalunya» frente a la decisión de los magistrados. En la misma línea, Colau remarcó que también existe normativa municipal que impide explícitamente el maltrato animal.

También el PSC, Catalunya Sí Que Es Pot y la CUP secundaron la decisión del Parlament de hace seis años. Los primeros abogaron por buscar «vías legales»; los segundos, por recurrir a instancias internacionales, y los terceros por desobedecer al TC.

Los únicos que celebraron el posible regreso de los toros a Catalunya fueron Ciudadanos y el PP. Xavier García Albiol consideró que el objetivo era «eliminar todo lo que huela a España» y Fernando Páramos apuntó a la necesidad de buscar argumentos «animalistas y no identitarios». Algo que podría ser aplicable al fallo del TC.

Independentistas y comunes, juntos en apoyo a Forcadell

Convocados por la Assemblea Nacional Catalana (ANC), Òmnium Cultural y la Associació de Municipis per la Independència (AMI), decenas de personas se reunieron ayer por la tarde frente al Parlament de Catalunya para mostrar su apoyo a la presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, contra quien la Fiscalía presentó ayer una querella ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya. A la concentración acudió todo el arco parlamentario independentista, desde los diputados de Junts pel Sí a los de la CUP, pero también se pudo ver a representantes de Catalunya Sí que es Pot (CSQP), así como a la alcaldesa de Barcelona y líder de los comunes, Ada Colau. También estuvieron varios de los cargos municipales imputados por diversas causas derivadas del «procés», como el concejal de Guanyem Badalona Josep Tellez, imputado esta misma semana por desobedecer la prohibición de abrir el Ayuntamiento el 12 de octubre, o el concejal de la CUP en Vic Joan Coma, citado a declarar el próximo 24 de octubre en la Audiencia Nacional española acusado de incitación a la sedición.

Todo tipo de pancartas y lemas sirvieron para mostrar solidaridad con Forcadell, quien el miércoles también recibió numerosas muestras de apoyo, empezando por el entrenador del Manchester City, Pep Guardiola, que aprovechó su paso por el Camp Nou para criticar la decisión de la Fiscalía de imputar los delitos de desobediencia y prevaricación a la segunda figura institucional del país, a la que acusan de querer derogar la Constitución española por facilitar la votación de las conclusiones de la comisión de estudio del proceso constituyente. Algo con lo que, según la Fiscalía, se pretende «dinamitar» el orden constitucional.Beñat ZALDUA