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BILBO

LAB plantea limitar al 2% el beneficio empresarial en las residencias

Dejar en manos privadas la gestión de los servicios públicos implica que el factor del beneficio empresarial puede primar sobre el interés general. Así lo entiende LAB, que considera que en el caso de las residencias de mayores de Bizkaia, el actual modelo es insostenible.

Tras reiterar que su objetivo es que se publifique este servicio destinado a las personas mayores, LAB reclamó a la Diputación de Bizkaia que en la revisión de los pliegos incluya un tope máximo de beneficios para las empresas, que según su propuesta debería quedarse en el 2%. Este planteamiento fue dado a conocer en la rueda de prensa que ofrecieron ayer en Bilbo la secretaria general de LAB, Ainhoa Etxaide, y la responsable del sindicato en el sector de residencias, Ohiane Zabala.

En la comparecencia, de la que se hizo eco Europa Press, Zabala señaló que el conflicto en el sector va más allá de la negociación del convenio, subrayando que el actual modelo de gestión «deteriora el servicio y las condiciones de las trabajadoras». Criticó los ratios entre plantilla y usuarios, y recordó que el decreto que los regula es de 1998 y ahora «no vale para nada».

Por ello, LAB volvió a exigir «ratios adecuados y suficientes», como hizo el pasado año cuando se entregaron 27.000 firmas en los parlamentos de Gasteiz e Iruñea, así como una jornada laboral de 1.592 horas.

Diseñado por hombres

Por su parte, Ainhoa Etxaide destacó que, con independencia de lo que diga la ley, este es un servicio básico, que se ha «convertido en un negocio diseñado por hombres pero basado en el trabajo de mujeres». Tras asumir la «complejidad» del conflicto porque existen intereses «contrapuestos», indicó que, si se entiende que debe satisfacer «un derecho básico», lo que se debe buscar en primer lugar es la «calidad» del servicio.

Criticó la gestión de la Diputación vizcaina al señalar que destina el dinero público para el beneficio de las empresas y no para mejorar la calidad. A su juicio, el «negocio» en torno a las residencias se centra en abaratar costes, y eso se hace a costa de «más carga de trabajo» y en «contra de la calidad».

Comentó que en la actual situación es «imposible» garantizar la calidad en el servicio, y aseguró que «este modelo es insostenible» y que también sería «inviable económicamente» si las empresas concertadas tuvieran que pagar «por las consecuencias en la salud que tiene trabajar en estas condiciones».

Sin unidad sindical

En este contexto, LAB va a convocar movilizaciones, la primera de ellas mañana en Gernika con motivo de la celebración del pleno de Juntas Generales en el que se debatirá un punto relativo a las residencias. Y el 16 de diciembre la cita será en Bilbo.

En cuanto a si podrían llamar a la huelga como está haciendo ELA, Etxaide precisó que «compartir diagnóstico y objetivo no es suficiente para compartir una lucha», y que LAB «no se va a sumar a una estrategia en la que el guión está hecho».

«Mientras no seamos capaces de acordar cuál es la estrategia, cómo se aborda un conflicto que va más allá de lo laboral, cada uno peleará por su lado», aclaró, para añadir que «lo importante es que el conjunto de trabajadoras se está movilizando; no desde la unidad, pero sí con un objetivo común».

Precisamente, ELA ha convocado para hoy una asamblea de trabajadoras, en su sede de Bilbo, para acordar un nuevo calendario de movilizaciones.

ELA defiende el legado de Bildu en Gipuzkoa

ELA solo negociará un nuevo convenio para las cerca de 5.000 trabajadoras de las residencias de mayores de Gipuzkoa si las patronales asumen «en su integridad» las propuestas del anterior Gobierno foral de Bildu. Según indicó el pasado viernes, la central abertzale hace este planteamiento como «punto de partida» ante la mesa negociadora convocada para mañana con el fin de acordar un convenio sectorial para 2017. ELA entiende que en esta negociación será «determinante» el papel que desempeñe la Diputación. No obstante, Iñigo Zubeldia, responsable de ELA-Gizalan en Gipuzkoa, dijo que sospechan que el Gobierno del jeltzale Markel Olano se va a «esconder» durante el proceso de negociación alegando que se trata de «un problema entre trabajadores y empresas», ya que el servicio es concertado.

Ayer, la diputada foral de Políticas Sociales, Maite Peña, que se reunió con representantes de la patronal y de los sindicatos, apeló al «respeto absoluto» al principio de autonomía colectiva de los agentes sociales en la negociación. GARA