El juicio que se inició ayer contra Iñaki Montes –delegado de LAB en la empresa Jez– y otras dos personas que participaron en las movilizaciones convocadas el 3 de marzo de 2014 con motivo de la celebración en Bilbo de una cumbre económica internacional quedó suspendido hasta el próximo 27 de enero.

El Juzgado de lo Penal nº1 abrió la vista oral contra estas tres personas, si bien la juez determinó aplazarlo tras sendas peticiones de la defensa de uno de los acusados y de la Fiscalía por distintos motivos, según informaron fuentes de LAB a la agencia Europa Press.

En concreto, el representante de uno de los procesados ha alegado contra la presencia como acusación del Ayuntamiento de Bilbo por los destrozos que se produjeron en el mobiliario urbano sin «acusar a personas concretas» ya que, según indicó, sentencias precedentes establecen que no se puede «imputar los daños de forma genérica». La juez debe pronunciarse sobre si admite o no esa petición.

La Fiscalía pidió un aplazamiento porque varios de los testigos que había citado no se presentaron a la sesión de ayer.

Las movilizaciones que dieron lugar a los hechos ahora juzgados fueron convocadas por sindicatos y organizaciones sociales contra la estancia en la capital vizcaina de representantes de organismos internacionales como el FMI, la OCDE, la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones (BEI).

Durante los incidentes fueron detenidas una decena de personas que están siendo juzgadas en distintos procesos. Así, Alexis Rodríguez y David González, extrabajadores de TMA, están citados el próximo martes.

«Como escarmiento»

Ayer, en la entrada del Palacio de Justicia se concentraron varias decenas de personas, entre ellas representantes de LAB e integrantes del comité de empresa de Jez, para apoyar a los procesados y reclamar que queden en libertad.

El responsable de la Federación de Industria de LAB en Aiaraldea, Agapito Valle, recordó que Iñaki Montes se enfrenta a una petición por parte de la Fiscalía de cinco años de cárcel y 214.000 euros de multa acusado de daños, desórdenes públicos y atentado a la autoridad.

Valle criticó que se pretenda «meter en la cárcel por varios años o imponer multas millonarias, imposibles de pagar para ellos», a las personas que «se están enfrentando a los recortes», con el «objetivo de servir de escarmiento para otras personas y que se lo piensen dos veces antes de enfrentarse a su poder».

Calificó de «vergonzoso» que se produzcan esas peticiones mientras «quienes han aprobado recortes y eliminado ayudas sociales, han repartido dinero con tarjetas Black, sobres, comisiones por adjudicaciones y demás tengan asegurado que no van a pisar la cárcel, o si acaso de pasada, y sus casos se dilucidan con una multa irrisoria para sus fortunas».