Cuatro de los siete jóvenes de Altsasu encarcelados tras ser acusados de participar en una trifulca con dos guardias civiles y sus parejas están ya en la calle. Aratz Urrizola, Iñaki Abad, Julen Goikoetxea y Jon Ander Cob recuperaron ayer la libertad después de un mes y seis días en las prisiones de Soto del Real y Alcalá Meco. La decisión la adoptó la jueza de la Audiencia Nacional española Carmen Lamela, instructora del caso, después de tomar la declaración indagatoria a todos ellos. Según la magistrada, el hecho de que la instrucción esté prácticamente terminada (lo que implica que se acerca la fecha de la vista oral) impediría que los cuatro pudiesen destruir pruebas, escapar o «reiterar el delito».

La liberación de los jóvenes no tiene nada que ver con la vista sobre los recursos presentados por la defensa de los siete en el momento en el que fueron encarcelados, el 15 de noviembre. Esta tuvo lugar el lunes, y decidir sobre la apelación corresponde a jueces de la sección cuarta de la Sala de lo Penal, que todavía no ha tomado una decisión. Es decir, que la situación de Jokin Unamuno, Adur Ramírez de Alda y Oihan Arnanz, que todavía permanecen en Soto, está en manos de los magistrados Angela Murillo, Carmen Paloma González y Teresa Palacios. No obstante, la Fiscalía de la Audiencia Nacional española ya ha pedido mantenerlos en prisión.

El auto en el que Lamela explica la orden de libertad mantiene todas las tesis de la acusación, dando por válida la última versión de los guardias civiles, la que se impuso después de que Covite presentase una querella por «terrorismo» para trasladar el caso a Madrid. En esta argumentación también se fijan las razones por las que mantiene en prisión a Unamuno, Ramírez y Arnanz.

La magistrada no solo asume la versión oficial de los agentes, dando por hecho la «especial implicación» de los tres en la supuesta agresión, sino que realiza un repaso de las actividades políticas de los jóvenes. Entre ellas, participar en actos legales como concentraciones a favor de los presos, reparto de propaganda o actos de Ospa! Mugimendua, que hay que recordar que surgió como iniciativa de una comisión municipal del Ayuntamiento de Altsasu ante las preocupación de los vecinos por las multas y los controles impuestos por la Guardia Civil. La persecución política llega al punto de considerar como «antecedente» ser candidato de Bildu en las elecciones municipales de 2011, unos comicios en los que la coalición abertzale logró la alcaldía en Altsasu. Lo paradójico es que ni siquiera el auto acierta, ya que ubica como número tres de la candidatura a Adur Ramírez cuando este puesto fue de Juan Carlos Orellana. De este modo, la actividad política de los jóvenes se convierte en principal base para que la jueza crea que «no puede asegurarse que, de quedar en libertad, estos no vayan a actuar contra los bienes jurídicos de las víctimas o cometer otros delitos».

Movilizaciones en Sakana

Las órdenes de libertad se produjeron después de que los nueve procesados (los siete que estaban en prisión más otros dos jóvenes en libertad) testificasen por la mañana a través de videoconferencia ante la jueza Lamela. La declaración indagatoria es un trámite posterior al procesamiento en el que el acusado simplemente constata haber recibido el auto en el que se acusa y tiene que mostrar o no su conformidad con las imputaciones. En este caso, todos rechazaron los delitos que se les imponen.

Las excarcelaciones se producen con la condición de comparecer dos veces a la semana en el juzgado y la prohibición de salir del Estado. Además, mantiene la imputación por un delito de «terrorismo», una acusación que se levantó semanas después de que se produjese la trifulca en el bar Koxka de Altsasu, ocurrida el 15 de octubre.

Desde entonces, lo que no ha cesado ha sido el apoyo popular a los jóvenes. Ayer por ejemplo, unas 550 personas participaron por la tarde en las concentraciones llevadas a cabo en nueve localidades de la Sakana. Además, en Altsasu, cientos de personas llevaron a cabo a las 20.00 una cadena humana en apoyo a sus convecinos. El siguiente paso de este proceso delirante es que los jueces decidan sobre el recurso. Mientras, cuatro jóvenes han recuperado su libertad.

La AN impide a la defensa de los altsasuarras presentar testigos

«Hay indicios suficientes». Esta es la respuesta que la juez de la Audiencia Nacional española, Carmen Lamela, ha dado a las peticiones de testigos de los abogados de los nueve jóvenes de Altsasu procesados por una trifulca con dos guardias civiles y sus parejas. A pesar de la situación de prisión de siete de ellos (tres desde ayer, después de que cuatro fueron liberados), la magistrada no ha querido escuchar los testimonios propuestos por sus letradas, argumentando que con lo que ya ha presentado (básicamente, las declaraciones de los agentes y sus parejas, así como los informes de la Guardia Civil y la Policía foral) es suficiente para seguir adelante con la acusación. La abogada Amaia Izko denunció ayer la «celeridad» con la que se está desarrollando el procedimiento. Los hechos ocurrieron a mediados de octubre y, a día de hoy, ya se ha emitido un auto procesando a nueve de los jóvenes. Un trámite «exprés» que, a juicio de la letrada, daña el derecho a la defensa de sus clientes.

Las defensas tenían intención de presentar testigos que explicasen dónde estaba cada uno de los jóvenes en el momento de los hechos. La juez, sin embargo, argumenta que este no es el «momento procesal». Es decir, que, en todo caso, escuchará los testimonios en la vista oral, si es que finalmente el procedimiento termina en juicio. «Se están haciendo cosas con merma absoluta del derecho de defensa», protestó Izko..A.P.