El pasado 15 de enero un hombre entró en el retén de la Policía Local de Benifaió y aseguró que había matado a su hija. Esa niña es Izar Majarenas, tenía entonces dos años y diez meses, y su madre es la donostiarra Sara Majarenas, presa en Picassent. Madre e hija estaban en esa prisión, pero la niña salió ese fin de semana bajo custodia de su padre, un preso social que la acuchilló, seguramente para castigar a la madre por la separación.

Pero Izar, afortunadamente, sobrevivió. Ganada la batalla a la muerte comenzó otra para poder tener una vida normal, lo que significa estar con su madre y con su familia.

Casi la totalidad de los partidos del Parlamento de Gasteiz –con la excepción del PP que, por contra, es quien gobierna en Madrid– han firmado una proposición no de ley en la que piden la excarcelación de la donostiarra Sara Majarenas, para que pueda vivir junto a su hija, Izar, en el entorno familiar. Cuando se apruebe definitivamente, el acuerdo se remitirá a Instituciones Penitenciarias y a la Audiencia Nacional.

Madre e hija han sido reconocidas por el sistema judicial como víctimas de la violencia de género, y ambas se encuentran en la actualidad en un Centro de Inserción Social de Madrid, en régimen cerrado y lejos de su familia y entorno.

«Calor de una familia extensa»

En la proposición no de ley, que ayer pasó por la Mesa del Parlamento, PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE recuerdan que la menor «ha sido evaluada por un psicólogo y se ha determinado que la menor necesita estabilidad y el calor de la familia extensa y entorno próximo». Y sostienen también que la legalidad internacional que emana de la ONU demanda de las autoridades que asistan a los familiares que están a cargo de personas detenidas.

Los partidos piden que se amparen «los derechos que asisten a la menor, indefensa ante la brutalidad de la agresión realizada por su propio padre, y a la madre en cuanto ha sido reconocida víctima de violencia de género».

Para ello, solicitan de Instituciones Penitenciarias que «adopte las medidas legales, que mejor velen por sus derechos y que en este caso pasa porque se proceda a la adopción de medidas que supongan la excarcelación de la madre para que puedan superar los terribles hechos de los que han sido víctimas en un entorno de estabilidad y seguridad, y con el apoyo de su familia extensa».

Con anterioridad, el texto recoge que el Parlamento expresa «su preocupación por la situación en la que se encuentra la menor y pide se garantice su seguridad así como su derecho a estar con su madre y pueda convivir con ella dentro de lo posible sin ser separada de su entorno familiar».

Derecho internacional

La propuesta presentada por estos partidos recoge que «hay derechos que amparan a todas las personas, incluidas las personas presas». Y reivindican, dentro del ámbito internacional, «la importancia de lo que se llama el “Conjunto de Principios para la protección de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión” del Alto Comisionada de Derechos Humanos de la ONU, ratificado y adoptado por la Asamblea General en su resolución 43/173, de 9 de diciembre de 1988».

PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE mencionan literalmente su punto 31, en el que se afirma que «las autoridades competentes procurarán asegurar, de conformidad con el derecho interno y cuando se necesite, la asistencia a los familiares de las personas detenidas o presas que estén a cargo de éstas, y en particular a los menores, y velarán especialmente por la tutela de los niños que hayan quedado privados de supervisión».

La proposición no de ley pasó ayer por la Mesa del Parlamento pero, salvo que se habilite el mes de julio, es probable que no llegue a ser aprobada hasta después del verano.