Por enésima vez este verano, el aeropuerto del Prat (Barcelona) registró ayer largas colas en los controles de seguridad, gestionados por la empresa Eulen. Tras protestas de las últimas semanas, ayer fue el primer día de huelga parcial, lo que generó esperas de hasta dos horas en el que es el segundo aeropuerto más importante del Estado español.

El debate viene envenenado, pues la primera reacción del pasajero indignado es culpar al trabajador. Al respecto, cabe dejar claro que los trabajadores de esta empresa subcontratada, con turnos de hasta 14 horas por falta de personal y con un sueldo medio de 900 euros, tienen todo el derecho a plantar cara al precariado. Heredera de la Central de Limpieza El Sol –fundada hace medio siglo en Bilbo–, Eulen es una multinacional que ha expandido su imperio a base de ganar concursos de gestión de servicios públicos en todo tipo de sectores. Alumnos aventajados en el arte de cobrar dinero público e inflar los beneficios a base de rebajar las condiciones laborales de sus empleados.

Si de buscar responsabilidades se trata, por tanto, mejor apuntar hacia la empresa y hacia Aena, el organismo público responsable. Pese al conflicto evidente, ni unos ni otros se dignaron a sentarse a negociar hasta ayer, mostrando un nulo interés en frenar una huelga que, sin restar validez a las demandas laborales, tiene otras lecturas posibles. Con la histórica oposición de Madrid a cualquier aeropuerto capaz de hacer sombra a Barajas en la memoria, no hace falta pecar de ingenuidad: las imágenes de las colas de dos horas en el aeropuerto de Barcelona son una pésima publicidad internacional para la ciudad y para Catalunya. Si no saben gestionar un aeropuerto, ¿cómo van a gestionar un país? El hecho de que sea el único aeropuerto gestionado por Eulen con un conflicto laboral –de un total de 27– y el propio historial de la empresa, con lazos con el PP –desde la hermana del presidente de Galicia hasta Mayor Oreja–, no hacen sino alimentar las sospechas.