Ingeteam y Astilleros Murueta son los socios mayoritarios de La Naval –cada uno posee un 33,8% de las acciones de la compañía–, por lo que han avalado la decisión de que la compañía vaya a concurso de acreedores –que antes se conocía como «suspensión de pagos»–. Así se resolvió ayer en la junta de accionistas, que se inició a las diez de la mañana en las instalaciones del astillero de Sestao.

En un escueto comunicado, la dirección de Construcciones Navales del Norte –que es su denominación mercantil– indicó que «los socios de la empresa han analizado la compleja situación  financiera en la que se encuentra el astillero» y que, «ante el vencimiento de los plazos legales previstos» en la fase de preconcurso y «la inviabilidad de las propuestas analizadas para su saneamiento financiero», fue aprobada «la propuesta del Consejo de solicitar la situación de concurso de acreedores ante la autoridad judicial competente».

La dirección transmitió a la plantilla su «compromiso de realizar todos los esfuerzos necesarios para mantener la actividad», por lo que algunos medios hablaron de que este es «un concurso de continuidad»; es decir, que no tiene como objetivo la liquidación de la compañía y el cierre del astillero.

Impago a contratas

Antes de comenzar la junta, los trabajadores, que se habían concentrado a las puertas de la factoría, ya habían rechazado esa fórmula. Posteriormente, el comité de empresa incidió en que el concurso de acreedores «no es una solución» para el astillero y, además, «puede llevarse por delante» a muchas pequeñas empresas de Ezkerraldea.

En estos momentos, la plantilla de La Naval la forman cerca de 250 personas, a las que se suman otras 300 de la industria auxiliar. Otras fuentes aseguran que son entre 1.500 y 1.800 los puestos de trabajo que dependen del astillero en la comarca.

El concurso de acreedores da por hecho que una empresa tiene problemas de solvencia y no puede pagar sus deudas, lo que, como recordaba la agencia Efe, implica que se aplazan los pagos y se negocia con los acreedores una quita, una reducción de la deuda. De esa forma, permite dedicar los nuevos recursos obtenidos por la empresa a la continuación de la actividad.

Por tanto, en el caso de La Naval, si hay quita o aplazamientos de pago, repercutirá directamente en las contratas, como acreedoras, y en el empleo.

Aunque la compañía no ha facilitado datos concretos, se estima que la deuda de La Naval con la banca es de unos 150 millones de euros y, además, ha tenido más de 80 millones de pérdidas en los dos últimos años.

Fin al «culebrón Del Dago»

La junta de ayer también puso punto final al “culebrón” que ha protagonizado durante los últimos meses Manuel del Dago, un empresario español afincado en Miami (EEUU) y principal accionista de Naviera del Norte, dueña del 10,5% de las acciones de La Naval, que pidió un plazo para estructurar la financiación de su posible entrada en la ampliación de capital, que iba a ser de 42 millones de euros. Como señaló Europa Press, Del Dago había mostrado interés en suscribir el 80% de esa cantidad.

Del Dago visitó el 27 de julio el astillero, donde se reunió con representantes de las instituciones, los actuales socios y el comité de empresa de La Naval para expresarles su interés por seguir buscando apoyo para el proyecto. Pero, cumplido el plazo, no dio más señales de vida.

 

Disposición política para hallar una solución

El desenlace de la junta de accionistas de La Naval provocó numerosas reacciones en el ámbito político y todas coincidieron en reclamar soluciones para que el astillero continúe activo.

La portavoz de EH Bildu en la Cámara de Gasteiz, Maddalen Iriarte, hizo una llamamiento al resto de fuerzas políticas para actuar de manera conjunta en defensa de la industria vasca y del empleo. Y exigió a las instituciones que «acompañen en todo momento» a este sector, especialmente a las pymes.

Ezker Anitza-IU considera urgente la entrada de capital público en La Naval para «salvar una empresa estratégica y evitar la pérdida de miles de puestos de trabajo», como indicó el parlamentario Jon Hernández. Podemos, por su parte, expresó su preocupación por la situación creada y su apoyo a los trabajadores.

El PSE señaló que «deben agotarse todas las vías para garantizar la viabilidad de La Naval», en la misma línea que se había pronunciado el Gobierno de Lakua por boca de Arantxa Tapia (PNV). GARA